En una vereda del norte de Antioquia, una operación militar destinada a evitar una tragedia terminó en un procedimiento suspendido.
Soldados que habían ubicado un artefacto explosivo improvisado en un camino de tránsito frecuente no pudieron avanzar con su neutralización debido a la llegada de un grupo de civiles al punto exacto donde se realizaría la maniobra técnica.
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El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Briceño, donde unidades del Ejército adelantaban labores de registro y control territorial. Según la información oficial, el explosivo estaba instalado en un sendero utilizado a diario por campesinos, así como por menores de edad que se desplazan entre sus viviendas y centros educativos.
La situación encendió las alertas de las autoridades, no solo por el riesgo que representaba el artefacto, sino porque el procedimiento para desactivarlo no pudo concretarse ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la población presente.
Un artefacto en un camino de uso comunitario
De acuerdo con el reporte entregado por la institución, el dispositivo fue detectado durante patrullajes de rutina en la vereda El Roblal. Expertos en explosivos fueron alertados de inmediato para evaluar el tipo de mecanismo, su alcance y el protocolo necesario para su destrucción controlada.
Las primeras verificaciones indicaron que se trataba de un artefacto de fabricación no convencional, acondicionado para detonar al paso de personas o vehículos. Su ubicación, en medio de un tramo destapado utilizado por la comunidad, incrementaba el nivel de amenaza.
Fuentes militares señalaron que la carga tenía la capacidad de causar heridas graves o la muerte a quien transitara por el lugar en el momento de una eventual activación. Por esta razón, se delimitó un perímetro de seguridad y se inició el procedimiento técnico habitual para estos casos.
Sin embargo, cuando el equipo especializado se preparaba para realizar la detonación controlada, la operación tuvo que detenerse.
El procedimiento quedó en pausa
Según la denuncia formulada por el Ejército, un grupo numeroso de habitantes llegó hasta el punto donde estaba instalado el explosivo. La presencia de civiles en el área impidió continuar con la intervención, ya que el protocolo establece que no puede ejecutarse ninguna acción de destrucción mientras existan personas en el radio de riesgo.
La institución indicó que, de acuerdo con información preliminar recopilada en el terreno, los pobladores habrían sido presionados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en la zona para acercarse al sitio y evitar la desactivación.
Ante el escenario, los uniformados optaron por replegarse temporalmente y mantener vigilancia en el área, mientras se evaluaban alternativas que permitieran retirar a los civiles sin generar confrontaciones ni incrementar el riesgo.
Señalamientos por instrumentalización de la población
El Ejército rechazó lo ocurrido y sostuvo que involucrar a la población en este tipo de situaciones constituye una vulneración a las normas que protegen a los civiles en contextos de conflicto armado.
Briceño ha sido uno de los municipios del norte antioqueño donde persiste la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las economías ilícitas. En los últimos años, organizaciones sociales han alertado sobre episodios de confinamiento, amenazas y desplazamientos forzados que afectan a familias campesinas.
Mientras tanto, la comunidad permanece en medio de la incertidumbre. El artefacto, según se indicó, continúa representando un riesgo hasta que pueda ser neutralizado bajo condiciones de seguridad adecuadas.
Las operaciones en el área seguirán en desarrollo con el objetivo de garantizar que el dispositivo sea destruido sin que se registren víctimas. Entretanto, las autoridades reiteraron su llamado a la población para que se mantenga alejada de cualquier objeto sospechoso y reporte de inmediato a las líneas oficiales cualquier situación que pueda comprometer su integridad.
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