Más de un centenar de guerrilleros dejarían sus armas para llegar a las Zonas de Ubicación Temporal, aseguró jefe negociador del Gobierno

Armando Novoa, representante del Gobierno nacional ante la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una de las disidencias de las Extintas Farc, confirmó que se está gestando un proceso para que aproximadamente en seis meses, miembros de esta guerrilla ubicada en departamento del sur de Colombia lleguen a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), donde se confinarían mientras avanzan procesos de negociación.

“Hemos hablado de la posibilidad de que pensemos, ojalá hacia el mes de marzo del próximo año, que alrededor del 50 % de los integrantes de ambas estructuras en Nariño y en Putumayo puedan estar ubicados en esas zonas” comentó para los medios de comunicación.

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Sin embargo, sabe que hay aspectos que sí o sí se deben suplir para que estos puntos puedan funcionar, y el estricto control de la institucionalidad que requiere, para cumplir el objetivo principal, que es llevar a los combatientes a un proceso de reintegración a la vida civil.

“Pero eso implica pensar en la alimentación, en la manera en cómo van a convivir allí, en el control externo que deben mantener las autoridades del Estado y en un proceso de capacitación, como lo dice su nombre, para que ese tránsito a la vida civil se revierta en una acción concertada de transformaciones territoriales”, agregó Novoa.

Con respeto al número de personas que se estiman, llegarían a estos territorios a concentrarse, el negociador comentó que: “Inicialmente son 60 en Nariño, 60 en Putumayo. Tengamos en cuenta que la coordinadora, según informes de inteligencia, agrupa alrededor de dos mil quinientos hombres en armas. Yo no quisiera anticipar y avanzar en cifras especulativas, pero quisiéramos que a marzo llegáramos con un número muy superior al de los ciento veinte que inicialmente van a ubicarse en estas zonas”.

Entrega y destrucción de armas durará tres meses

La entrega y destrucción de armas en poder de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) formará parte de un procedimiento supervisado por instancias nacionales e internacionales, de acuerdo con el Decreto 1053 del 7 de octubre que regula el proceso de desarme tras los pactos alcanzados en los diálogos de paz territorial.

Según este documento, se establecieron roles y mecanismos para el alistamiento, recepción, registro, custodia, verificación y destrucción de material de guerra, cuyos puntos de ejecución se ubicarán en los departamentos de Nariño y Putumayo.

El inventario inicial, con la cantidad y características del armamento y su localización exacta, será entregado por la Cneb a la Consejería Comisionada de Paz, que posteriormente canalizará esta información al ministerio de Defensa.

El órgano de defensa estatal convocará como veedores al Procurador General de la Nación y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA). Ambos acompañarán a la Fuerza Pública durante el registro, la custodia y, finalmente, la destrucción del material bélico, acciones que contarán con un despliegue especial de seguridad adaptado a las condiciones locales.

De acuerdo con lo estipulado, el presidente de la República deberá instruir la suspensión “temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de policía” en un área específica de 25 kilómetros cuadrados para que la Cneb pueda entregar y ubicar el armamento destinado a su destrucción, garantizando así el éxito de la operación y la integridad de quienes participan en el proceso.

El surgimiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es consecuencia directa de la disolución de la Segunda Marquetalia a finales de 2024. Integrantes de las estructuras Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico, antes parte de la Segunda Marquetalia, unificaron esfuerzos para formar este nuevo grupo armado, bajo la jefatura de Walter Mendoza, exmiembro del desmovilizado grupo guerrillero Farc.

El alcance de los acuerdos de paz abarca también un componente de desarrollo económico y sustitución de cultivos. Como parte de la negociación, se dispuso la destinación de $8.000 millones para reemplazar mil hectáreas de coca por igual extensión de cacaotales en los municipios de Tumaco y Roberto Payán, ambos en Nariño.

Estas acciones consolidan el esquema de garantías institucionales y acompañamiento internacional para los procedimientos de desarme y sustitución productiva, elementos centrales en la nueva etapa de diálogos entre el gobierno y el grupo coordinado por Walter Mendoza, de acuerdo con lo contenido en el decreto emitido el 7 de octubre.