La crisis sanitaria en Cúcuta se agudizó con el cese de actividades en varias IPS operadoras de Nueva EPS y Coosalud, luego de que decenas de trabajadores del sector salud denunciaran la falta de pago de sus salarios durante más de un mes.
Según información detallada por La Opinión, esta situación ha obligado al cierre temporal de las seis sedes de la IPS Uba Vihonco, incluida la ubicada en Villa del Rosario, Norte de Santander, ante la imposibilidad de los empleados de cubrir gastos esenciales como transporte y alimentación.
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La protesta, en la que participaron más de 200 personas, se desarrolló frente a la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta, con trabajadores expresando su inconformidad mediante megáfonos, pancartas y silbatos.
Carolina Correa, jefe directora de Uba Vihonco sede clínica, precisó, citada por el medio, que la deuda con el personal asciende a más de 40.000 millones de pesos, a lo que se suma el pasivo con proveedores y otros servicios contratados.
La situación afecta a un amplio espectro de colaboradores, entre ellos administrativos, especialistas, médicos y personal de servicios generales, indican. A pesar de los reiterados llamados a Nueva EPS y Coosalud, los trabajadores denuncian la ausencia total de respuesta institucional.
Entre los manifestantes también se encontraban representantes de Imsalud y del Hospital Mental Rudesindo Soto, que aseguraron llevar más de tres meses sin recibir su salario por parte de Coosalud.
Aristídes Hernández, presidente del sindicato de la salud de Norte de Santander, demandó la conformación de un Plan de Mando Unificado (PMU) para gestionar la crisis y restablecer la atención a los pacientes que actualmente se encuentran en riesgo. Hernández advirtió que “los pacientes se están muriendo”, ya que diversas IPS han dejado de recibir nuevos casos debido a los impagos.
El impacto directo para la población es considerable, conoció el diario cucuteño: más de 8.000 pacientes diarios atendidos en las instalaciones de Uba Vihonco se verán privados de servicios esenciales mientras se mantenga el paro, según Albany Montoya, directora del área subsidiada de Nueva EPS en la clínica.
Otros afectados
La situación también toca a las madres de niños con discapacidades y enfermedades huérfanas, que se sumaron a la protesta en reclamo a la interrupción de atención en la IPS Eureka.
Resaltaron que la calidad del servicio era altamente valorada y que estos niños requieren atención continua e irremplazable. Sandra Villamizar, fisioterapeuta en el centro, recalcó en conversación con el medio que muchos menores “llevan controles de atención médica especializada y debido al cese de actividades se han interrumpido abruptamente”.
Los trabajadores insisten en que, aunque comprenden la gravedad de su ausencia para los pacientes, no pueden continuar laborando bajo las condiciones actuales y exigen una pronta solución para poder retomar su labor en beneficio de la comunidad cucuteña.
Maestros también denuncian falencias en la salud
La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) anunció un paro regional del magisterio programado para el miércoles 3 de septiembre a las 8:00 a. m. en el parque Simón Bolívar de Cúcuta, en respuesta a la persistente crisis en el sistema de salud del sector educativo en Norte de Santander.
Esta convocatoria se suma a las múltiples movilizaciones realizadas en el departamento para exigir soluciones concretas al modelo de atención implementado el año pasado, según reportó La Opinión.
Entre las principales demandas, los educadores solicitan una atención médica digna, estabilidad en el sistema y el respeto a la libre elección de prestadores, con ampliación de plazos para la selección y certificación individual de los procesos.
Plantean además la urgencia de fortalecer la red pública de salud con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.
Los maestros también denuncian supuestas irregularidades en la escogencia de prestadores, incumplimientos por parte de la Fiduprevisora, barreras en áreas como odontología, medicina laboral y autorizaciones médicas, así como demoras en la contratación y pago a los operadores del sistema.
Los maestros argumentan que, pese a pagar entre 400.000 y 600.000 pesos por seguridad social, los servicios a los que acceden son “indignos”, contradiciendo las promesas gubernamentales de mejoras en cobertura y flexibilidad del nuevo modelo.
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