
La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026 se convirtió en un nuevo campo de batalla entre el Congreso y el Gobierno. La cifra es histórica, $556 billones. Sin embargo, el monto solo puede sostenerse si se aprueba una ley de financiamiento de $26,3 billones, propuesta que aún despierta más dudas que respaldos.
En el Capitolio, las comisiones económicas del Senado y la Cámara (Tercera y Cuarta) ya adelantan el debate. Sobre la mesa están los aumentos en inversión (15,9%) y en gasto de funcionamiento (13,7%), contrastados con una reducción del 9% en el servicio de la deuda. A simple vista, los números parecen cuadrar, pero las bancadas de oposición insisten en que se trata de un presupuesto incompleto y, en palabras de varios senadores, “inflado”.
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El recuerdo de 2019 todavía ronda en el Congreso. Ese año, una ley de financiamiento por $9,8 billones fue rechazada, lo que obligó al Gobierno de entonces a sacar el presupuesto por decreto. Hoy, la apuesta es mucho más ambiciosa y el escenario político se presenta mucho más fragmentado.
“Rechazo el trámite de una dictadura tributaria. Tiene excusas y cifras indefinidas. Un presupuesto totalmente desfinanciado y negativo. Detrás de la estrategia hay un único objetivo recaudar $26,3 billones para sostener el derroche. No más improvisación”, expresó Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado y uno de los opositores más férreos a la propuesta. Según él, el Gobierno debería enfocarse en recortar y priorizar. “Este presupuesto no prioriza lo social y productivo. Engorda la burocracia y profundiza el desequilibrio fiscal. Proponemos una reducción responsable de $39,5 billones. Colombia no necesita otra reforma tributaria”.

En la otra orilla, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también lanzó reparos, aunque con un enfoque más técnico. “El proyecto de presupuesto pide $557 billones. Reconoce que va a recaudar $317 billones. Se endeudará por $240 billones. Además de la tributaria, no cuadran las cifras”. Para ella, el problema no es solo el tamaño del presupuesto, sino las condiciones con las que se proyecta. “Con una ley de financiamiento o una tributaria busca financiar un presupuesto inflado, que no se va a cumplir. En la práctica, es dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno. Cuando rompieron la regla fiscal el 17 de junio, el ministro de Hacienda se comprometió a recortar gasto y congelar el presupuesto del año entrante. No cumplió”.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insistió en que la reforma tributaria, o “ley de financiamiento”, será radicada el lunes 1 de septiembre. En el Ejecutivo confían en que, a diferencia de años anteriores, la coalición de gobierno pueda garantizar al menos los votos necesarios en la Cámara de Representantes. Allí, en la Comisión Tercera, se calculan 22 votos favorables de 33, y en la Cuarta, 21 de 29. El panorama en el Senado es distinto: la oposición tendría mayoría en ambas comisiones. En la Tercera, 12 votos en contra frente a 5 a favor, y en la Cuarta, 10 contra 5.

La tensión también está marcada por los tiempos. Según la ley, el 15 de septiembre las comisiones conjuntas deben definir el monto definitivo. Para el 25 está previsto el primer debate, y a partir del 1 de octubre se abriría la discusión en plenarias. El plazo final es el 20 de ese mes. Si no hay acuerdo antes de esa fecha, el presupuesto deberá ser expedido por decreto, un escenario que el Gobierno quiere evitar, pero que muchos en el Congreso no descartan.
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