El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino y sus viceministros de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, y de Relaciones Laborales encargada, Sandra Muñoz, presidieron la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que tuvo lugar el martes 26 de agosto y desde donde se hizo la invitación a valorar los puntos que unen el debate sobre los derechos de los trabajadores en Colombia.
Al encuentro asistieron representantes de la Andi, Fenalco, Acopi, Sac, Asobancaria y OIT, de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, CPC, CDP; así como de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, de Comercio Industria y Turismo, DNP y los directores de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, Yomar Andrés Benítez, y de cooperación Internacional, Diego Hernán Garzón.
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El titular de la cartera laboral, que estuvo complacido con reactivar esta instancia tripartita e instrumento de concertación, señaló: “A este encuentro hay que darle un sentido de discusión real de política pública. Debemos implementar desde el diálogo tripartito la Reforma Laboral de manera concertada y amplia”.
Agregó: “El mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, es dialogar desde el respeto, con la legitimidad del Gobierno y valorar los puntos que unen el debate sobre los derechos de las y los trabajadores en Colombia”.
Reglas del juego claras
La Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales está en la Dirección de Derechos Fundamentales, bajo el liderazgo de Yomar Benítez, que socializó que entre los temas tratados estuvieron: los avances de discusión en mesas técnicas de la reglamentación de la reforma laboral, Ley 2466 de 2024, y se recibieron opiniones de los gremios y de las centrales sindicales sobre el decreto de negociación colectiva, multinivel, iniciativa del Gobierno para garantizar reglas de juego claras en la negociación colectiva.
De otra parte, se planteó ahondar este tema en una subcomisión, para discutir de manera técnica los alcances jurídicos del decreto borrador que está publicado en la página del Ministerio del Trabajo para recomendaciones y observaciones de la ciudadanía.
Adicionalmente, se aprobó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emita un concepto técnico sobre el mencionado proyecto de decreto de negociación colectiva.
Concertación del salario mínimo
Dicha conformación cobra especial relevancia porque la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para fomentar el diálogo social en material laboral y salarial del país, lo que quiere decir que es un primer paso para la concertación del salario mínimo de 2026 (en la actualidad es de $1.423.500, luego de un aumento del 9,54% por medio de decreto), subida que se da teniendo en cuenta la inflación y la cifra de productividad, principalmente.
Y es que la misma fue creada mediante el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales.
Sobre dicho aumento de cara a 2026, el presidente Gustavo Petro ya dio un avance de lo que podría ser la propuesta del Gobierno nacional. Según lo expuesto por el mandatario, el 7 de agosto, ante el Congreso, el Gobierno ya evalúa alternativas para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, al considerar que existen tanto los mecanismos como la solidez económica necesarios para respaldar un aumento sustancial.
Mejora del salario mínimo
El jefe del Ejecutivo colombiano resaltó que aprovechará el cierre de su gestión para promover una mejora considerable en el salario mínimo, al argumentar que este tipo de medidas generó beneficios notables para la economía nacional.
La postura, sin embargo, ya encontró resistencia entre los empresarios del país, que sostienen que un alza pronunciada en el salario mínimo representa un costo laboral adicional que obstaculiza la creación de nuevos empleos.
A la preocupación del sector privado se suma la advertencia del Banco de la República, que señaló que un ajuste elevado podría dificultar los esfuerzos del emisor por mantener la inflación bajo control. Ante esto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó que la expectativa de inflación para 2026 se sitúa en 3,2 %, cifra que ya contempla el impacto de un posible aumento en el salario mínimo.
Desde la perspectiva del presidente Gustavo Petro, la política de incrementos reales en el salario mínimo se mantendrá, guiada por el criterio de que la reducción de los indicadores de pobreza constituye un elemento redistributivo clave.
El ministro Ávila defendió que un salario mínimo robusto contribuye a que el trabajo sea generador de valor, sin provocar desempleo ni presionar al alza la inflación. En sus palabras, “será una decisión mantener la dinámica de hacer incrementos en el salario mínimo real, y eso está previsto en la meta de inflación”.
Sobre esto, los empresarios y los sindicatos aún no se manifestaron.
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