Los contratos de prestación de servicios están lejos de acabarse: cifras del Gobierno revelan que tan alejada está la meta

El Gobierno estaría enfrentando serias dificultades para crear 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público, un propósito con el que busca eliminar los contratos de prestación de servicios y fortalecer la estabilidad laboral en las entidades estatales.

Hasta la fecha solo se han creado 25.621 empleos, según datos obtenidos por la emisora Blu Radio. Aunque en la etapa final de la administración se estudia la creación o formalización de 21.914 cargos adicionales en 40 entidades, incluso si se aprobaran todos, la cifra total no alcanzaría ni la mitad de la meta oficial.

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El cronograma de Función Pública para 2023 establecía que, al cierre del tercer año de Gobierno —que concluye en exactamente un mes—, debían haberse creado aproximadamente 90.000 cargos.

La brecha entre lo planeado y lo ejecutado es considerable. Desde la Función Pública se afirma que la creación de estos puestos “ha permitido disminuir de forma considerable la dependencia de esta modalidad de contratación” y que “ha contribuido al fortalecimiento de las plantas de personal, garantizando mayor estabilidad laboral y mejorando la calidad en la prestación de los servicios por parte de las entidades del Estado”.

Sin embargo, la entidad reconoce que “persisten desafíos que están siendo atendidos de manera articulada con las entidades públicas, mediante procesos de acompañamiento continuo y asesoría técnica por parte de este Departamento”. El proceso de estudio y aprobación de las plantas de personal requiere, por norma, el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este trámite se complica en un contexto donde el Ejecutivo implementa estrategias de control de caja, prepara una nueva reforma tributaria y busca mantener el déficit fiscal bajo control, a pesar de la suspensión de la regla fiscal. La obtención de financiación para este tipo de iniciativas resulta especialmente difícil en un año marcado por restricciones presupuestarias.

Alarmante cifra de los contratos de prestación de servicios en 2025

El aumento de $3,2 billones invertidos en contratos de prestación de servicios (OPS) por parte del Estado colombiano en 2024, cuya cifra ya supera los $8 billones desde el inicio de la actual administración, ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad y calidad del empleo público.

Un reciente informe del Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana advierte que este gasto, que es superior al registrado durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque entre 2010 y 2022, pone en entredicho la solidez de la estructura institucional y la estabilidad laboral en el sector estatal

Aunque el desempleo en Colombia descendió a 8,8% en abril, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este avance se apoya en gran medida en el crecimiento del empleo público, especialmente bajo modalidades contractuales más flexibles y precarias.

El análisis de los observatorios revela que el Estado ha sido uno de los motores clave en la reducción del desempleo, pero lo ha hecho a través de mecanismos que no garantizan estabilidad a largo plazo.

El desglose de los 235.000 nuevos empleos generados muestra una marcada participación femenina: 190.000 de estos puestos fueron ocupados por mujeres, mientras que 44.000 correspondieron a hombres.

Los expertos consultados por los observatorios sostienen que este fenómeno evidencia la contribución directa del sector público a la disminución del desempleo femenino. Además, el periodo analizado registró un incremento de 528.000 trabajadores por cuenta propia, lo que refuerza la tendencia hacia formas de ocupación menos reguladas.

Entre 2021 y 2024, el número de contratos OPS en entidades centralizadas bajo control gubernamental pasó de 45.000 a 63.000, lo que representa un aumento cercano al 40 %, según datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Este incremento, junto con el elevado costo de los contratos, ha generado inquietud sobre la capacidad del Estado para sostener este modelo de empleo y sobre el impacto que puede tener en la administración pública.