La defensa de Carlos José Mattos Barrero ha emitido un comunicado en el que aclara que las recientes publicaciones relacionadas con una compulsa de copias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mencionan a un homónimo y no al empresario.
Según el documento, las investigaciones judiciales que inicialmente lo vincularon a un caso de asesinato de indígenas arhuacos fueron archivadas tras determinarse que el testimonio en cuestión hacía referencia a otra persona con el mismo nombre. El “Carlos Mattos” al que se refieren estas publicaciones no es su cliente, subraya la defensa.
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El caso en cuestión, según detalla el comunicado, se originó a partir de una declaración de José del Carmen Gelves, alias el Canoso, en el marco de una investigación sobre el supuesto asesinato de un grupo de indígenas arhuacos.
La defensa explicó que las instancias judiciales concluyeron que el testigo se refería a otro individuo, ya que en la región donde ocurrieron los hechos existe una alta incidencia de homónimos con el apellido Mattos. La Fiscalía archivó las diligencias tras aclarar esta confusión, según se indica en el comunicado.
La defensa también señaló que esta no es la primera vez que Carlos José Mattos Barrero ha sido vinculado erróneamente a actos criminales debido a la existencia de homónimos.
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En un caso anterior, ocurrido en el municipio de Codazzi, los medios de comunicación también lo relacionaron con actividades delictivas que, posteriormente, fueron atribuidas a otra persona con el mismo nombre.
En esa ocasión, las autoridades judiciales igualmente archivaron el caso y declararon la total inocencia del empresario.
En el documento, la defensa enfatiza que Carlos José Mattos Barrero es un empresario reconocido por su actividad comercial lícita y completamente ajeno a conductas delictivas.
Asimismo, se anexan las decisiones judiciales que ya han hecho tránsito a cosa juzgada, las cuales, según el comunicado, pueden ser utilizadas por los medios para rectificar la información publicada y resarcir la imagen del empresario.
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JEP vincula a empresarios y hacendados con desaparición forzada de líderes arhuacos en el Cesar
La aclaración de la defensa de Mattos responde a la decisión reciente de la JEP de compulsar copias a la Fiscalía para investigar a varios civiles presuntamente implicados en uno de los casos más graves del conflicto armado colombiano: el secuestro, tortura y desaparición forzada de tres indígenas del pueblo arhuaco y tres mamos, líderes espirituales y políticos de esta comunidad, en 1990, en el departamento del Cesar.
La JEP ha vinculado en este proceso a empresarios y hacendados que habrían promovido o financiado estructuras paramilitares que operaban en la región y que serían responsables de estos crímenes.
Entre los nombres mencionados están Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la hacienda Bethania en El Copey, Cesar, señalado de facilitar la operación de un grupo paramilitar en su finca, lugar donde presuntamente ocurrieron los secuestros y torturas.
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Según el expediente, este grupo habría ejecutado los crímenes contra los mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, además de torturar a los indígenas José Vicente Villafáñe y Amado Villafáñe.
La JEP también relaciona a Restrepo con delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir, basándose en hallazgos forenses de restos humanos encontrados en su hacienda tras una medida cautelar solicitada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Junto a Restrepo, la JEP compulsó copias para investigar al empresario Alfonso Macías por presunta participación en la promoción y financiamiento de estructuras paramilitares en el Cesar.
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Testigos, exintegrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habían afirmado que José Mattos participó en reuniones con cabecillas paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Óscar Ospino, alias Tolemaida.
Otro de los nombres mencionados es el de Wilson Ramírez, alias Jhon Ramírez, presunto jefe de seguridad de Alfonso Macías y posible autor intelectual del asesinato de los mamos arhuacos. La JEP también lo investiga por concierto para delinquir.
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