Podría haber nuevos problemas en la expedición de pasaportes en Colombia: Imprenta Nacional no estaría lista para producirlos, según el sindicato

A menos de cinco meses de que finalice el contrato con la Unión Temporal de Thomas Greg and Sons, la Imprenta Nacional de Colombia —entidad que asumirá la producción de los pasaportes— enfrenta serias dudas sobre su capacidad para cumplir con esa tarea.

Según denunció el sindicato de trabajadores Sintraimprenal, la entidad no estaría lista para encargarse de la elaboración de estos documentos oficiales a partir del próximo 30 de septiembre, fecha en la que concluye el contrato vigente.

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El origen del nuevo esquema de producción se remonta a octubre de 2023, cuando el entonces canciller Luis Gilberto Murillo firmó un memorando de entendimiento con la embajada de Portugal.

El acuerdo contempla que, con apoyo técnico y tecnológico de la Casa de la Moneda de Portugal, Colombia logre en un plazo de diez años asumir por completo el proceso de fabricación de pasaportes.

La transición comenzó el 1 de septiembre de este año con una fase de personalización de documentos, según reveló El Tiempo.

Sin embargo, el sindicato advirtió que los plazos no se están cumpliendo y que el proyecto presenta fallas técnicas, jurídicas y laborales.

En diálogo con W Radio, Néstor Bojacá, presidente de Sintraimprenal, señaló que la implementación del modelo actual podría causarle pérdidas de hasta ochenta mil millones de pesos a la Imprenta Nacional.

“No estamos preparados para asumir la producción total de los pasaportes en septiembre”, afirmó.

También denunció que el sindicato fue excluido del proceso de seguimiento del contrato con Portugal.

La situación ha generado tensión en el gobierno. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que no quiere una prórroga del contrato con Thomas Greg and Sons.

En un reciente discurso, se dirigió directamente a la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, advirtiendo que no quiere “volver a oír la palabra prórroga”. También expresó preocupación por posibles “trampas” en la transición y solicitó acelerar los preparativos.

Pero los problemas no terminan ahí, según El Tiempo y W Radio. Según Bojacá, al interior de la Imprenta Nacional se vive un ambiente de deterioro institucional. El sindicato ha recibido al menos 85 quejas por acoso laboral y persecución sindical, lo que representa cerca del 40 % de la planta de trabajadores.

Además, acusa a León de desconocer derechos laborales establecidos en la convención colectiva y de una gestión deficiente que habría generado pérdidas por más de 17.000 millones de pesos en 2023. También se denuncian presuntos actos de corrupción.

Pese a la magnitud del proyecto —que tiene una licitación por 599.000 millones de pesos— y las expectativas de ahorro y autonomía que promueve el gobierno, el panorama actual es incierto.

Si la Imprenta Nacional no logra cumplir con los requerimientos en los plazos establecidos, la única alternativa sería extender el contrato con el proveedor actual, algo que el propio presidente Petro quiere evitar a toda costa.

El gobierno portugués ya está preparado

De acuerdo con el portavoz del Ejecutivo portugués, António Leitão Amaro, este proyecto no solo reforzaría la relación bilateral entre Colombia y Portugal, sino que también representa un paso importante en la internacionalización de la institución portuguesa.

Durante una rueda de prensa, Amaro destacó la experiencia técnica y la capacidad de la Casa de la Moneda portuguesa en la producción de documentos oficiales, como cédulas de ciudadanía y pasaportes, lo que será clave para la ejecución del acuerdo.

El medio Europa Press detalló que este convenio se enmarca en una licitación ganada por Portugal en 2024, tras un proceso marcado por tensiones y controversias en Colombia.

En febrero de 2023, el gobierno colombiano suspendió el contrato con la empresa que había producido los pasaportes y etiquetas de visado durante 17 años, debido a denuncias de falta de competencia en el proceso.

La firma, conocida como Unión Temporal Pasaportes 2023, presentó una demanda contra el Estado colombiano por 117.000 millones de pesos, aunque esta fue retirada en 2025.

La controversia alcanzó su punto más álgido en septiembre de 2023, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes y visas, ya que solo la mencionada empresa cumplía con los requisitos establecidos.

Este hecho derivó en la inhabilitación por diez años del entonces canciller Álvaro Leyva, quien fue señalado por la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, el proceso fue retomado por Luis Gilberto Murillo, quien asumió como canciller en 2024 y logró cerrar el litigio antes de dejar su cargo.