El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que la capacidad de respuesta del departamento está al límite ante la crisis generada por la temporada invernal en lo que va del año 2025.
En declaraciones a LA FM de RCN Radio, Rey indicó que más de dos mil quinientas personas han sido afectadas por deslizamientos, inundaciones y daños en infraestructura, en un contexto donde, además, el 70 % del territorio cundinamarqués, al estar sobre terrenos montañosos, presenta un alto riesgo de desastres.
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El gobernador explicó que abril y mayo han sido los meses más críticos, con la ocurrencia de aproximadamente 120 incidentes en ese período.
De acuerdo con Rey, “estamos llegando a nuestro límite de respuesta, son más de setenta municipios los que requieren esa atención”, lo que llevó a las autoridades departamentales a declarar la calamidad pública.
Este mecanismo, según el mandatario, busca canalizar apoyo urgente del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), especialmente en temas como dotación de maquinaria para atender las emergencias.
Entre los municipios más afectados destacan Tocaima, Viotá, Pacho, Yacopí, Caparrapí, Arbeláez, Ricaurte y Quipile, donde el desbordamiento de ríos como el Magdalena, Sumapaz, Suárez y Bogotá ha generado alertas naranjas en diferentes cuencas.
En estas zonas, se trabaja en la reubicación de viviendas que han quedado comprometidas estructuralmente por los desastres recientes. “Tenemos cuatro viviendas que han amenazado su estructura. Con los municipios venimos trabajando en su reubicación y que también podamos presentar proyectos que permitan garantizar sus mínimas condiciones de dignidad mientras la reubicación se puede consolidar”, afirmó Rey.
La afectación se extiende también a vías secundarias y terciarias, esenciales para la conexión de comunidades rurales con centros urbanos. Estas carreteras han sufrido graves daños, profundizando el aislamiento de las áreas más vulnerables. Según el Ideam, las lluvias podrían prolongarse hasta junio, lo que aumenta el riesgo de que se presenten más desastres y agudiza la necesidad de una respuesta urgente. En este contexto, los comités municipales de gestión del riesgo trabajan de manera articulada con el departamento, aunque todavía no se han activado Puestos de Mando Unificado (PMU).
El gobernador insistió en la necesidad de una respuesta coordinada y robusta desde el Gobierno Nacional para enfrentar la magnitud de esta emergencia. Según sus palabras, “aquí hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que a través de este vehículo de calamidad pública nos puedan acompañar con importantes recursos, especialmente maquinaria”. Sin esta intervención, expresó, las capacidades locales de atención podrían colapsar frente a una crisis de dimensiones ya alarmantes.
La actual emergencia climática ha dejado al descubierto la profunda vulnerabilidad de las comunidades rurales en Cundinamarca, que enfrentan no solo los embates directos del clima extremo, sino también las consecuencias sociales y económicas derivadas de estos eventos. Las intensas lluvias, deslizamientos y afectaciones en vías y servicios básicos han obligado a las familias tomar medidas tras la situación, dejando a su paso un panorama de incertidumbre, pérdidas materiales y deterioro de las condiciones de vida.
Esta situación también evidencia que deben hacer las autoridades frente a una creciente demanda de atención humanitaria con recursos escasos y capacidades logísticas restringidas. Garantizar condiciones mínimas de seguridad, albergue, alimentación y atención en salud para los afectados se ha convertido en un desafío diario para las autoridades municipales.
A pesar de la gravedad del panorama, los informes meteorológicos no auguran mejoras en el corto plazo. La persistencia de las lluvias amenaza con agravar los daños ya registrados y ampliar el número de personas damnificadas. Por ello, resulta urgente que el llamado de alerta emitido por las autoridades departamentales reciba una respuesta coordinada y efectiva por parte del Gobierno nacional y los organismos de socorro, con el fin de mitigar el impacto de esta crisis y evitar que escale a niveles aún más críticos.
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