
Luego de que el Gobierno nacional presentara el borrador del decreto que busca incrementar las tarifas de retención en la fuente a título de renta para sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y agroindustria, no han cesado las críticas contra el Ejecutivo, por la afectación que generaría a las empresas.
Sin embargo, el director (e) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Eduardo Llinás, explicó cómo funcionaría la medida y a qué sectores impactaría con más fuerza.
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Según comentó en una entrevista concedida a El Tiempo, Llinás aclaró que esta medida tiene como objetivo recaudar 7.38 billones de pesos durante el presente año, con el fin de cubrir compromisos de deuda pública y pagos acumulados a proveedores.
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Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de empresarios y analistas, que advierten sobre posibles impactos negativos en la liquidez de las empresas y riesgos de desfinanciamiento para el año 2026.

De acuerdo con declaraciones del director de la Dian, el aumento en las tarifas de retención estará enfocado exclusivamente en los grandes contribuyentes, dejando fuera a sectores que ya enfrentan dificultades fiscales, como el financiero y el transporte aéreo y fluvial de pasajeros.
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En total, se estima que unas 400 actividades económicas estarán sujetas a este mecanismo, lo que permitirá adelantar parte de los tributos que estas empresas pagarían en 2026.
“Creemos que hay un margen para que estas grandes compañías nos puedan adelantar parte de los tributos que van a pagar en el 2026. En total, esperamos un recaudo de 7,38 billones de pesos por este anticipo”, señaló el funcionario al diario nacional.
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Llinás explicó que la medida no busca asfixiar a las compañías, sino generar recursos frescos en una época marcada por el bajo recaudo tributario. Además, aseguró que se realizó un análisis de datos para evitar afectar a sectores con márgenes financieros reducidos.

Según el funcionario, esta estrategia se complementará con un fortalecimiento en los controles y la fiscalización para garantizar que sectores que actualmente no tributan lo hagan en el futuro.
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El proyecto ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos y gremios empresariales. El Consejo Gremial advirtió que esta propuesta podría castigar el flujo de caja de las empresas, afectando su capacidad operativa. Además, algunos analistas señalaron al medio que un mecanismo similar ya fue implementado en 2023, lo que resultó en una caída del recaudo tributario en 2024.
Ante las críticas, Llinás argumentó que las condiciones económicas actuales son diferentes. Según el director de la Dian, la economía colombiana muestra signos de recuperación, con un crecimiento proyectado del 2,6% al 3,2% para este año, una inflación en descenso y un aumento en el empleo formal. Estas variables, junto con nuevas estrategias de microgerencia en las seccionales de la Dian, permitirían cumplir con las metas de recaudo.
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El decreto también incluye modificaciones en los límites de exención de la retención en la fuente por compras de bienes y servicios. El umbral para aplicar la retención se reducirá de 2 UVT (aproximadamente 200.000 pesos) a 1 UVT (100.000 pesos colombianos). En el caso de bienes muebles, el límite exento pasará de 27 UVT (1’344.000 pesos) a 10 UVT (497.990 pesos). Estas medidas buscan identificar a proveedores informales y combatir la evasión fiscal.

El Gobierno también evalúa la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria, que, según Llinás, sería similar a la del año pasado y se centraría en corregir errores del Estatuto Tributario y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.
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Entre las propuestas en estudio se encuentran gravar a las plataformas electrónicas y a las iglesias, aunque estas iniciativas deberán ser discutidas en el Congreso.
Por otro lado, el Gobierno no descarta la posibilidad de hacer permanente el IVA del 19 % aplicado a los juegos de suerte y azar en línea, una medida que se implementó temporalmente en respuesta a la ola de violencia en la región del Catatumbo.
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Además, en caso de declararse una emergencia económica por el brote de fiebre amarilla o las inundaciones en algunos territorios, podrían introducirse nuevos impuestos para atender estas crisis.
Otro desafío destacado por la Dian es el impacto del contrabando, que representa un costo fiscal equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, cerca de 7.000 millones de dólares.
Según Llinás, la meta es reducir este porcentaje al 1 %, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, convenios internacionales para el intercambio de información y el fortalecimiento del sistema de factura electrónica.
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