Canacol Energy aseguró que líder indígena pidió un millón de dólares para evitar un bloqueo ilegal a sus operaciones en Colombia

La empresa canadiense Canacol Energy denunció que sus operaciones en el proyecto Sucre Norte, ubicado en el municipio de San Marcos (Sucre), están siendo gravemente afectadas por un bloqueo que califican como ilegal.

Según informó la compañía, este bloqueo es liderado por Darinel Arrieta Madarriaga, quien, aunque pertenece al Cabildo Indígena Monte Grande, estaría actuando sin el respaldo institucional de dicha autoridad indígena.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, el proyecto Sucre Norte cuenta con el aval formal del cabildo, lo que lleva a Canacol Energy a considerar que las acciones de bloqueo responden a decisiones individuales y no representan la voluntad colectiva de la comunidad indígena.

La compañía explicó que las vías de hecho se originaron tras exigencias económicas que, según ellos, carecen de sustento legal.

Canacol Energy detalló que Darinel Arrieta Madarriaga habría solicitado el pago de un millón de dólares estadounidenses (aproximadamente 4.100 millones de pesos colombianos) como condición para levantar el bloqueo.

Este monto, según la empresa, debía ser entregado para beneficio personal del líder indígena. Ante esta situación, la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando la imputación de cargos contra Arrieta Madarriaga por los delitos de extorsión, fraude a resolución judicial y violación a la libertad de trabajo.

En su declaración, Canacol Energy afirmó haber aportado múltiples pruebas a las autoridades judiciales para respaldar sus acusaciones. Estas evidencias incluyen registros de las afectaciones sufridas tanto por la empresa en el proyecto Sucre Norte como por los funcionarios públicos que han intervenido en el manejo del bloqueo.

La compañía aseguró que antes de recurrir a las autoridades judiciales agotó todas las instancias de diálogo institucional. Según informó, se llevaron a cabo procesos de concertación con la Alcaldía Municipal de San Marcos y representantes comunitarios, sin lograr una solución al conflicto.

Ante la persistencia del bloqueo y el impacto en las operaciones, la autoridad local autorizó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Esta medida busca restablecer el orden público y garantizar la reanudación segura de las actividades operacionales en el proyecto Sucre Norte.

En su comunicado, Canacol Energy reiteró su rechazo a cualquier intento de obstaculizar el desarrollo de sus operaciones mediante vías de hecho o exigencias que calificaron como ilegítimas. La empresa enfatizó que su actuación se fundamenta en el cumplimiento estricto de la ley, la transparencia y el respeto hacia las comunidades con las que mantiene relaciones.

“Canacol Energy rechaza de manera enfática cualquier intento de obstaculizar el normal desarrollo de sus operaciones mediante vías de hecho o exigencias ilegítimas”, afirmó la compañía en su declaración oficial.

El proyecto Sucre Norte, operado por Canacol Energy, es una iniciativa gasífera que cuenta con el respaldo formal del Cabildo Indígena Monte Grande, según la empresa. Sin embargo, el bloqueo liderado por Darinel Arrieta Madarriaga ha generado tensiones en la región, afectando tanto a la compañía como a las comunidades locales.

La empresa subrayó que su relación con los líderes indígenas legítimos se basa en la búsqueda de soluciones y beneficios colectivos para las poblaciones de la zona.

En este sentido, Canacol Energy destacó que las acciones de bloqueo no representan la voluntad de la comunidad en su conjunto, sino decisiones individuales que van en contravía del ordenamiento jurídico colombiano.

El bloqueo en el proyecto Sucre Norte ha generado un impacto significativo en las operaciones de Canacol Energy, aunque la empresa no especificó el alcance económico de las afectaciones. La intervención de la Undmo y la denuncia penal presentada ante la Fiscalía buscan garantizar la continuidad de las actividades en el proyecto y establecer responsabilidades legales por los hechos denunciados.

Con este caso, se pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre empresas privadas y comunidades indígenas en Colombia, especialmente en proyectos de explotación de recursos naturales. La situación en Sucre Norte sigue siendo un tema de interés, mientras se espera que las autoridades judiciales y locales tomen decisiones que permitan resolver el conflicto.