Exempleada de Laura Sarabia, víctima del escándalo de las chuzadas, exige millonaria indemnización y disculpas públicas

En un nuevo capítulo del escándalo de las interceptaciones ilegales que sacudió a Colombia en 2023, una de las afectadas, Fabiola Perea, reapareció después de dos años para exigir una reparación económica y un acto de desagravio público.

La exempleada del equipo de Laura Sarabia —actual ministra de Relaciones Exteriores—, presentó una solicitud extrajudicial en la que demanda 640 millones de pesos como compensación por los daños sufridos, además de una disculpa pública por parte de varias entidades del Estado.

El caso de las chuzadas ilegales involucró a Perea y a Marelbys Meza, ambas excolaboradoras de Sarabia cuando esta se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. En su momento, las dos mujeres fueron vinculadas a un entramado de interceptaciones en el que participaron altos oficiales de la Policía Nacional y que aún está en proceso de investigación.

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El caso de las chuzadas telefónicas tomó relevancia tras la denuncia de Marelbys Meza, que afirmó haber sido sometida a una prueba de polígrafo en condiciones irregulares, en los sótanos de la Casa de Nariño, y posteriormente interceptada ilegalmente por la Policía.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que su número de teléfono fue incluido en una lista de interceptaciones bajo la justificación de un supuesto vínculo con el Clan del Golfo, al igual que con Perea, lo que generó cuestionamientos sobre el abuso de poder y el uso indebido de recursos estatales.

En septiembre de 2024, dos uniformados fueron condenados a 10 años de prisión por su papel en las interceptaciones, mientras que otros seis miembros de la Policía enfrentan un pliego de cargos ante la Procuraduría General de la Nación. Estos eventos pusieron en el centro de la polémica a la hoy canciller Sarabia y a otras entidades gubernamentales.

La solicitud presentada por Boris Andrés Lombana, abogado de Perea y sus cinco hijos, ante el Ministerio Público, detalla los perjuicios sufridos por su clienta. En el documento, al que tuvo acceso Noticias RCN y fue divulgado por el mismo medio, se menciona que la exempleada perdió oportunidades laborales y enfrentó estigmatización luego de ser señalada erróneamente de pertenecer al Clan del Golfo, una acusación que se habría utilizado para justificar las interceptaciones a sus comunicaciones.

El monto de la indemnización y la exigencia de disculpas

Perea solicita una indemnización equivalente a 450 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv), lo que suma aproximadamente 640 millones de pesos. Según el documento, esta cifra corresponde a los ingresos que dejó de percibir debido a los efectos del escándalo, además del daño moral y psicológico sufrido por ella y su familia.

Sin embargo, más allá de la compensación económica, la solicitud también exige un acto público de disculpa en el que participen las entidades y personas involucradas en el caso. Entre ellas se mencionan al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Fiscalía General de la Nación, a quienes se les señala como responsables de la reparación del daño causado.

El documento establece que en este acto se debe reconocer la inocencia de Perea y Meza, así como la injusticia de las acusaciones que pesaron sobre ellas. “A que realicen un acto público y desagravio a las víctimas de las interpretaciones ilegales de estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente a este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”, señala la solicitud, de acuerdo con la fuente citada.

Este nuevo capítulo del escándalo de las chuzadas puso nuevamente sobre la mesa el impacto de las prácticas ilegales de vigilancia en Colombia y las consecuencias que estas han tenido sobre ciudadanos que, sin pruebas, fueron señalados y perseguidos. La vinculación de Perea y Meza con el Clan del Golfo generó un daño irreparable en sus vidas personales y profesionales, afectando no solo su reputación, sino también su estabilidad económica.

La solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría delegada para los juzgados administrativos busca sentar un precedente en materia de reparación a las víctimas de interceptaciones ilegales. Se espera que la entidad programe una audiencia para abordar el caso y determinar si es posible llegar a un acuerdo antes de que el proceso escale a instancias judiciales.