Registraduría asegura que las elecciones de 2026 no están en peligro, a pesar del recorte presupuestal al Consejo Nacional Electoral

La Procuraduría General de la Nación intervino en el debate sobre el presupuesto destinado a las elecciones de 2026, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los comicios.

A pesar de las tensiones entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional, la Procuraduría ha instado a ambos organismos a trabajar de manera coordinada para asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente y que no se ponga en riesgo la transparencia del proceso electoral.

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El Ministerio de Hacienda recortó 600.000 millones de pesos del presupuesto del CNE para 2025 mediante el Decreto 0069, lo que ha generado una serie de preocupaciones.

El CNE ha señalado que este ajuste podría afectar actividades cruciales para el desarrollo de las elecciones, como la supervisión, veeduría, auditorías y capacitación de testigos electorales, que son fundamentales para garantizar la legitimidad del proceso.

El Consejo Nacional Electoral ha manifestado su preocupación por las implicaciones del recorte presupuestal, argumentando que podría comprometer la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones de 2026.

Según el organismo, la falta de recursos afectaría directamente su capacidad para realizar licitaciones destinadas al seguimiento y veeduría de los procesos electorales, así como para registrar y capacitar a los testigos electorales, quienes desempeñan un papel clave en la vigilancia de los comicios.

En declaraciones recogidas por La W, el CNE subrayó que su intervención en los procesos electorales no se limita a actividades posteriores al día de la votación, como el escrutinio general y la declaratoria de elección, sino que también incluye tareas previas que requieren financiamiento adecuado.

Según la Registraduría, las elecciones no están en peligro

Por su parte, la Registraduría Nacional ha desestimado las preocupaciones del CNE, asegurando que el presupuesto destinado a la logística electoral no ha sido afectado. Según informó La W, la entidad cuenta con más de 3 billones de pesos para garantizar el desarrollo de las elecciones de 2026, lo que incluye la contratación de servicios relacionados con la organización y ejecución de los comicios.

La Registraduría también aclaró que muchas de las actividades mencionadas por el CNE, como la designación de testigos electorales, no son responsabilidad de este organismo, sino de los partidos políticos.

Además, destacó que las funciones del CNE, según el artículo 265 de la Constitución Política, se centran principalmente en el escrutinio general y la declaratoria de resultados, procesos que se realizan después de la jornada electoral.

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro respaldó la posición de la Registraduría, afirmando que los recursos necesarios para las elecciones están asegurados. “Esto no es cierto. El presupuesto de las elecciones está en la Registraduría y no fue aplazado. El presupuesto de financiación de partidos que maneja el CNE no fue aplazado”, declaró el mandatario, según consignó La W.

Estas declaraciones refuerzan la postura de la Registraduría, que insiste en que el recorte presupuestal al CNE no afecta directamente la logística electoral, sino que está relacionado con otros aspectos, como la financiación de los partidos políticos.

El llamado del procurador Eljach para proteger el proceso electoral en Colombia

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció que el organismo de control intensificará su supervisión en los procesos electorales que se avecinan, incluyendo las elecciones atípicas de 2025 y las generales de 2026.

Según informó el funcionario, la Procuraduría estará atenta a garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados, así como a prevenir irregularidades en las etapas preelectorales. Estas declaraciones se dieron en el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto por Eljach, el Ministerio Público se enfocará en asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a inscribir su cédula para actualizar su residencia electoral.

Además, se implementarán mecanismos de vigilancia para monitorear el número de inscripciones y detectar cualquier incremento inusual que pueda requerir la emisión de una alarma electoral. Estas medidas buscan fortalecer la confianza en los procesos democráticos del país.