Denuncian nuevo caso de castigo en cepo a menores de edad en comunidad emberá, en Bogotá

Durante el desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Unidad de Protección Integral La Florida, en Bogotá, la Secretaría de Integración Social conoció y denunció el castigo con cepo a un joven emberá Chami de 16 años.

A través de un comunicado, el órgano informó que ha documentado de manera recurrente prácticas violentas dentro de la comunidad emberá, particularmente hacia mujeres y jóvenes, donde los voceros acuden al uso del cepo en las unidades operativas donde se encuentran.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Se han evidenciado de manera reiterativa prácticas violentas en la comunidad Emberá hacia mujeres y jóvenes, donde los voceros toman medidas como el uso del Cepo en las unidades operativas donde están asentados; y con esto un claro incumplimiento de las disposiciones constitucionales, particularmente del artículo 44 en relación al respeto protección de los derechos de los niños y las niñas así como de las normas referidas a la prohibición del castigo físico y los tratos crueles y humillantes o degradantes a los niños y las niñas contenidos en la Ley 2089 sancionada en Colombia el 14 de mayo de 2021″, se lee en el documento.

En este contexto, la entidad rechaza enfáticamente estos hechos y reafirma que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen prioridad sobre los derechos culturales y colectivos de las comunidades étnicas.

De esta manera, la Secretaría de Integración activó la ruta de prevención frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes mediante las siguientes acciones:

• Reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
• Denuncia ante la Fiscalía, presentando los hechos para que se investiguen los posibles delitos de Violencia Intrafamiliar.
• Remisión de la información a las Comisarías de Familia de Funza para que verifiquen posibles situaciones de violencia de género y en el ámbito familiar relacionadas con el caso.

Finalmente, el organismo de control continuará denunciando estos actos ante la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de su responsabilidad de proteger a los menores y jóvenes.

A través de sus redes sociales, el secretario de Integración social, Roberto Angulo, rechazó este tipo de situaciones en la comunidad emberá: “No lo vamos a normalizar, y cada caso se está acumulando en fiscalía, La Florida –que es una infraestructura del sector de Integración– no es jurisdicción indígena, señores voceros”, publicó en su cuenta de X.

¿Cómo funciona el PMU?

Aunque la comunidad Emberá que se encontraba en el Parque Nacional de Bogotá regresó a sus territorios en septiembre, actualmente hay aproximadamente 643 miembros de la comunidad asentados en la Unidad de Protección Integral La Florida. De este grupo, la mayoría desea regresar a su lugar de origen, mientras que algunos buscan reubicarse en la capital.

Durante su permanencia en La Florida, el Distrito ha identificado varios problemas que enfrentan estos 643 integrantes de la comunidad, como dificultades para acceder al agua potable, la presencia de roedores y problemas con el manejo de basuras. Con el fin de abordar estas situaciones, se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) el 22 de octubre.

La Alcaldía de Bogotá explicó que el objetivo del PMU es identificar posibles riesgos que puedan vulnerar los derechos humanos de los miembros de la comunidad Emberá, en particular de los niños y adultos. También busca activar de manera oportuna las rutas de protección y fortalecer el diálogo para que la comunidad pueda acceder a los servicios de las Secretarías de Salud, Educación, Gobierno e Integración Social.

Además, a través del PMU, se pretende mantener limpio el espacio donde se encuentran asentados los miembros de la comunidad Emberá, para que puedan vivir en condiciones dignas y evitar problemas de salud.

El Distrito detalló que el PMU funcionará las 24 horas del día, de lunes a domingo, y contará con un canal de comunicación permanente para alertar sobre situaciones de riesgo y monitorear el cumplimiento de los acuerdos con los voceros de la comunidad.