La inscripción de Jorge Andrés Carrillo como representante legal de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha quedado suspendida, tras una decisión tomada por la Cámara de Comercio de Medellín, según información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.
Este cambio ocurre en medio de cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de los requisitos en el proceso de su designación como presidente de la compañía.
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La medida se adoptó luego de que Julio César Yepes, accionista de ISA, interpusiera un recurso de reposición y apelación sobre la inscripción de Carrillo. Según Yepes, el acta presentada para el registro contenía supuestas irregularidades que contravendrían los estándares de la Junta Directiva.
En su denuncia, Yepes señaló que el documento carecía de información clave, como las razones para justificar la elección de Carrillo o los fundamentos de la decisión adoptada. Según el accionista, “aparecen unos puntos suspensivos ‘(...)’, por lo tanto, el extracto de ISA no cumple con lo establecido en ese reglamento”. Estas supuestas omisiones vulnerarían tanto las normas internas de la compañía como los principios de transparencia corporativa.
Ante estas acusaciones, la Cámara de Comercio de Medellín decidió suspender la inscripción de Carrillo y registrar a Jaime Melguizo como presidente encargado y representante legal de la empresa en los registros oficiales.
El debate en torno al nombramiento de Carrillo no es nuevo. Desde que asumió el cargo como presidente de ISA, proveniente de su anterior rol como gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), han surgido diversas controversias que cuestionan los procedimientos que llevaron a su designación.
Además, Yepes argumentó que el acta presentada no incluía información suficiente sobre los motivos que respaldaron la decisión de la Junta Directiva ni las discusiones que precedieron a su nombramiento. Estas inconsistencias, según el accionista, son contrarias a las normas de ISA, que exigen claridad y precisión en los documentos relacionados con decisiones corporativas importantes.
La resolución de la Cámara de Comercio ha dejado en vilo la continuidad de Carrillo como representante legal de ISA, un puesto clave para la gestión de una de las empresas más importantes del sector eléctrico en Colombia. Entretanto, Jaime Melguizo asumirá de manera provisional las funciones de representante legal y presidente.
Ley de prácticas corruptas en el extranjero que habría violado ISA al elegir a Jorge Carrillo
La carta enviada por John Alberto Maya Salazar, gerente general de EPM, a la junta directiva de ISA por la elección de Jorge Carrillo como nuevo presidente de la compañía de transmisión de energía eléctrica, señaló que la filial de Ecopetrol podría haber vulnerado lo estipulado por el Foreign Corruption Practices Act (Fcpa), o también conocida como la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
La Fcpa tiene como objetivo principal prevenir y sancionar la corrupción internacional, manteniendo altos estándares de ética empresarial y transparencia. De esta manera, contribuye a la creación de un ambiente de negocios más limpio y justo, protegiendo tanto a los inversionistas como a las economías globales.
Justamente, EPM solicitó a ISA que informara si, al momento de tomar la decisión sobre Carrillo, se tuvieron en cuenta los estatutos internacionales, teniendo en cuenta que la filial también tiene operaciones en el extranjero y su violación podría acarrear millonarias multas.
“Si durante el proceso de selección se han tenido en cuenta los elementos del Foreign Corruption Practices Act de los Estados Unidos, el que existen riesgos de incumplimiento del mismo en caso de indicios de prácticas corruptas, teniendo en cuenta que existen denuncias en diferentes entes de control en Colombia contra el designado presidente. El cumplimiento de esta ley es esencial para la integridad y sostenibilidad de las operaciones nacionales e internacionales de la empresa”, señala la misiva.
Las sanciones económicas y penales estipuladas por la Fcpa pueden ser severas para aquellos que incumplen. Las empresas se enfrentan a multas de hasta dos millones de dólares, mientras que los funcionarios, empleados y directores podrían enfrentar multas que ascienden a 100.000 dólares y hasta cinco años de prisión.
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