Petro pedía investigar presidentes al CNE cuando era senador, ahora lo acusa de gestar golpe de estado en su contra

El Consejo de Estado ratificó recientemente la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según esta entidad, la campaña de Petro habría superado los límites de financiación establecidos por alrededor de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, lo que ha generado una intensa disputa política en el país, a tal punto que el mandatario acusó al CNE de estar gestando un “golpe de estado” en su contra.

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Sin embargo, el comportamiento actual del presidente Petro contrasta con su postura cuando estaba en la oposición. En ese entonces, él mismo solicitó al CNE investigar a los presidentes de aquel momento por cuestiones similares.

En particular, Gustavo Petro, en calidad de senador, pidió en octubre de 2017 una investigación penal contra un magistrado del CNE para no indagar sobre la posible entrada de dineros de Odebrecht en las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

“Carlos Camargo, magistrado de la @CNE_COLOMBIA debe ser juzgado penalmente por no investigar entrada de dineros de Odebrecht a campañas”, publicó Petro en 2017 a través de su cuenta de Twitter, ahora X.

Años más tarde, en julio de 2020, volvió a solicitar al CNE investigar al presidente Iván Duque por presuntos ingresos ilícitos de fondos provenientes del narcotraficante Ñeñe Hernández. Estos antecedentes refuerzan la percepción de inconsistencia en las declaraciones recientes del mandatario.

“No le abren a Duque investigación por los dineros del ñeñe y si el @CNE_COLOMBIA le pide a la fiscalía que le abra investigación penal en la fiscalía a una maestra humilde porque donó 95.000 pesos a mi campaña. Esto debe ser conocido en el mundo entero @CIDH”, fue el mensaje de Petro en 2020.

Sin embargo, en la actualidad en su calidad de presidente Gustavo Petro, denunció que la investigación del CNE es un intento de golpe de Estado contra su mandato. Esta acusación surge de la decisión del CNE de investigar su campaña presidencial por presuntas violaciones en cuanto a los sobrecostos de campaña, que se estima ascienden a $5.300 millones.

Petro sostiene que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultad para investigar al presidente por temas de financiación, argumentando que esta competencia es exclusivamente administrativa y política y debe haberse ejercido dentro de los 30 días posteriores a su elección.

Durante los últimos días, Petro intensificó sus declaraciones en redes sociales y alocuciones públicas. A través de su cuenta en X, el mandatario señaló: “No amigos, el golpe no se dará con soldados... Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba”.

Además, mencionó que para iniciar el golpe fue necesario “desaforar inconstitucionalmente al presidente” y que todo comenzará el próximo 16 de septiembre, fecha en la que el CNE ha programado presentar cargos contra su campaña.

La investigación actual del CNE también alcanza a Ricardo Roa, el entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, que es una pieza central en esta controversia. Tanto la gravedad de las acusaciones como la magnitud de las cifras en cuestión aumentaron la presión sobre la administración de Petro.

En el ámbito jurídico, el papel del CNE como máxima autoridad electoral está respaldado tanto por el Consejo de Estado como por diversas instituciones colombianas. Esta entidad ha desarrollado investigaciones previas de alto perfil, aunque en ocasiones los informes concluyeron sin encontrar pruebas suficientes, como ocurrió en el caso de Iván Duque y las presuntas irregularidades en su campaña.

El choque entre la administración de Petro y el CNE no es solo un enfrentamiento sobre jurisdicciones y competencias, sino que refleja y aviva las tensiones políticas de un país donde el escenario electoral es altamente disputado y vigilado.