IVA en Colombia podría pasar del 19% al 25% por culpa de decisión en la que insiste el Gobierno Petro

El Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dieron a conocer las perspectivas que tienen sobre la actual política energética de Colombia y sugirieron que se debe hacer una transición energética responsable que garantice la seguridad del suministro sin un gran impacto fiscal en los próximos dos años.

Durante un seminario de ambas entidades, el presidente de la Anif, José Ignacio López, dio a conocer la importancia de una transición coherente con la realidad del país.

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Según él, Colombia aún está lejos de alcanzar las metas deseadas en transición energética, que abarca un sector, como es el de hidrocarburos, que representa el 18% del recaudo total por impuesto a la renta a personas jurídicas, y cuyas regalías representan el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

Los ingresos que vienen de los hidrocarburos

López también hizo un análisis comparativo sobre la magnitud del reto de reemplazar los ingresos fiscales provenientes del sector de hidrocarburos, como petróleo y gas, si se decidiera suspender la producción de manera abrupta.

“Reemplazar esos recursos implicaría aumentar el IVA (impuesto al valor agregado) del 19% al 25%, o que el turismo se quintuplique y lleguen al país 27,4 millones de turistas, con un gasto de USD1.472 (cerca de $5.900.000) por cada visitante”, detalló. El presidente del centro de estudios económicos también destacó que, aunque la transición energética es una gran oportunidad, debe ser gradual para no comprometer la sostenibilidad fiscal del país y contrarrestar los impactos macroeconómicos.

En cuanto a la situación del gas, el exministro de Minas y Energía Tomás González, director del Cree, aclaró que “el gas no se ha acabado, lo que se está acabando es el gas barato”. Según él, Colombia tiene opciones variadas: extracción en alta mar (offshore), importación de gas natural licuado (LNG), transporte desde Venezuela o utilización de reservas contingentes no convencionales.

Cinco acciones necesarias

González recalcó la necesidad de considerar estas alternativas dentro de la transición energética. De igual manera, el Cree presentó además cinco acciones para mejorar la estrategia actual:

• El desarrollo de programas de interés nacional estratégico (Pines) en el ámbito energético
• La creación de una reforma fiscal energética que elimine subsidios fósiles y revise precios del carbón.
• La necesidad de fortalecer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para hacerla independiente y técnica, enfocada en atraer inversión y promover la competencia.
• Convocar un diálogo sectorial para hacer una evaluación realista.
• Actualizar el plan de adaptación sectorial, con el objetivo de identificar y evaluar medidas oportunas.

Las opciones que tiene Colombia

El Cree también resaltó las dificultades e incertidumbres para importar gas desde Venezuela debido a las sanciones internacionales actuales y posibles futuras restricciones, además de los retos técnicos para asegurar la viabilidad del gas importado.

“Actualmente, el país tiene cuatro opciones: hacerlo offshore (costa afuera), importar LNG (gas natural licuado), traerlo de Venezuela o hacerlo con reservas contingentes no convencionales”, agregó González al recordar que lo que refuerza la complejidad del panorama y la importancia de tomar decisiones informadas basadas en un análisis integral.

Estabilidad económica

Así las cosas, es claro que mientras se avanza en la transición energética, se debe proteger la estabilidad económica del país. Por eso, el presidente de Anif, José Ignacio López, destacó que “la transición energética es un reto y una gran oportunidad para Colombia, pero esta no puede hacerse poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”.

De esta forma, ambas entidades resaltaron sobre la importancia de un enfoque estratégico y realista que apueste por un suministro de energía seguro y una solidez fiscal. Dejaron claro que la situación del gas y la necesidad de un marco regulatorio robusto marcan el camino de los próximos pasos en la transición energética del país.