Alcalde de Tibú, Norte de Santander, fue víctima de un atentado

En horas recientes, cuando Richard Claro, alcalde de Tibú, iba en un vehículo acompañado de su familia del mencionado municipio al corregimiento de La Gabarra, fue interceptado por hombres armados que hicieron una señal de pare. Esta fue omitida y abrieron fuego contra la camioneta.

Sorpresivamente, ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las autoridades ya están tras la pista de los responsables de este hecho.

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“Se presentó una situación donde, al parecer, sujetos armados pretendían hacer parar el vehículo que transportaba al señor alcalde y que conducía él mismo. Lamentablemente tenemos que indicar que el vehículo fue impactado en una oportunidad”, declaró el coronel Néstor Arévalo, comandante del departamento de policía de Norte de Santander.

El uniformado añadió que “ya estaremos investigando y adelantando el proceso alrededor de lo que pudo haber ocurrido”.

Atentados y violencia en Colombia

A mediados de junio, la camioneta en que se movilizaba Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, fue impactada con cuatro balas. Este hecho encendió las alarmas de las autoridades en Colombia, que hoy luchan contra una escalada de violencia en varios departamentos.

Casos como este han llamado la atención de entidades internacionales que exigen al Gobierno colombiano no desatender a la población más vulnerable, que en varias zonas está a merced de los grupos armados ilegales que operan allí.

Así lo hizo saber Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de un comunicado en el que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

Entre otras cosas, la ONU solicita al Estado colombiano tener mayor presencia en las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia que tienen allí grupos armados y estructuras ilegales.

De Rivero añadió que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.

MinDefensa descarta acabar ofensivas contra disidentes

En declaraciones recientes, Iván Velásquez, ministro de Defensa, señaló que, pese al cese unilateral firmado por la Segunda Marquetalia, las Fuerzas Militares no pondrán pausa a sus acciones ofensivas en contra de estas unidades ilegales.

Indicó que solo una orden del presidente Petro podría ponerle fin a la avanzada de las fuerzas estatales para recuperar el control en las zonas en que la guerrilla liderada por alias Iván Márquez hace presencia e impone sus leyes.

Con esto, el funcionario se refirió a una estrategia combinada en la que se avanza en los diálogos de paz mientras se aplica la fuerza del Estado contra los grupos que, actualmente, amenazan la seguridad nacional y la integridad de miles de ciudadanos que piden garantías para el cumplimiento de sus derechos.