Colombia Compra Eficiente: abrirían investigación por presuntas irregularidades en licitación de más de $200.000 millones

La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común hizo una serie de advertencias respecto a una millonaria licitación para elegir a los proveedores para la adquisición y entrega de donación de una infraestructura educativa.

En la licitación, por $204.915.724.310, se hizo una variación a uno de los criterios técnicos para la asignación del contrato, que no coincide con el propósito de adquirir dotación escolar como sillas, mesas, tableros y estanterías, entre otros tipos de elementos que se van a repartir en los colegios a nivel nacional.

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De forma específica, en el documento de condiciones se expusieron seis criterios de evaluación para la selección del ganador de la licitación entre los cuales el mayor peso porcentual lo tiene el criterio denominado factor técnico adicional, el cual tiene una asignación en el puntaje de 41%, siendo superior incluso sobre el criterio de factor económico, que posee un 37,5%.

“Se ha detectado la asignación de un puntaje desproporcionado al criterio del factor técnico adicional, el cual no guarda relación directa con la adquisición de la dotación escolar. Se sospecha que este criterio podría estar siendo utilizado para favorecer a ciertas empresas o individuos en la selección de proveedores”, señaló la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común.

Según la denuncia de la red de veedurías, el factor técnico adicional se desglosó en tres criterios: embalaje de la dotación escolar amigable con el medioambiente o con material reciclable; disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados, además de encadenamientos productivos.

En este sentido y de acuerdo con El Tiempo, la veeduría cuestionó que Colombia Compra Eficiente, la encargada de esta licitación pública, asigne un mayor puntaje al criterio del factor técnico adicional cuando este “no guarda ninguna relación con la adquisición para la dotación escolar, en donde lo primordial es el factor económico y la calidad del bien que se pretende adquirir”.

De este modo, la red de veedurías expresó que esta irregularidad “desnaturaliza el proceso de selección objetiva y lo que busca, aparentemente, es que no se seleccionen los bienes con mejor calidad y precio, sino que se direccione el proceso a otros proveedores y oferentes que posiblemente tengan dentro de sus ofertas un manejo amigable con el medio ambiente“.

Según el mencionado medio, Henry Antonio Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, comentó que en esta millonaria licitación iban a ser partícipes exclusivamente las entidades estatales, por lo cual es importante que el proceso se realice de manera transparente y permitiendo la libre competencia.

Además, agregó que en su denuncia sobre las presuntas irregularidades los ha acompañado la Secretaría de Transparencia, que solicitó a Colombia Compra Eficiente la suspensión de la licitación y la revisión de cada uno de los aspectos técnicos de la convocatoria, pero hasta ahora no ha ocurrido.

En otro caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos a Ecopetrol, sus filiales Cenit y Ocensa, y a la empresa de transporte aéreo Helistar, por una posible participación en la elaboración de “pliegos sastre” para la contratación del servicio de transporte en la petrolera colombiana entre 2011 y 2023.

De acuerdo con la SIC, estos contratos, cuyo costo ascendió a $417.524 millones, habrían sido direccionados de manera sistemática y continuada para que Helistar fuera la ganadora de dichas licitaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de licitación para máquinas pesadas y helicópteros presentó inconsistencias importantes que parecen beneficiar principalmente a Helistar, la compañía de transporte aéreo. Estas irregularidades incluyen la limitación de la antigüedad de las máquinas pesadas a menos de 20 años y ajustes específicos en los requerimientos de rendimiento de los helicópteros.

Los detalles de las irregularidades señalaron que las bases de la licitación exigen que el rendimiento del helicóptero sea evaluado a una altura de 5.800 pies, cuando Tunja, la ciudad en la que operarán, está a una altitud de 9.000 pies. Esta condición permitiría que los helicópteros de Helistar se ajusten a los requisitos, mientras que otros proponentes quedarían descalificados por no poder cumplir con las necesidades de carga y pasajeros en esa altitud.

Adicionalmente, la licitación menciona la eliminación del requisito de experiencia de 300 horas en carga externa para helicópteros medianos, un requerimiento pedido por la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas que actualmente Helistar no cumple, pero que otros oferentes sí. Este detalle generó sospechas sobre la posibilidad de favorecer a Helistar en detrimento de otros competidores.