En Tunja, Boyacá, la Fiscalía imputó cargos a Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, una reconocida líder social, por supuestamente simular ser víctima de un ataque con ácido.
La denuncia original fue realizada el 11 de abril de 2023, cuando Cardozo Cipamocha afirmó que había sufrido una agresión química en el Parque Santander de la ciudad, lo cual llevó a la asignación de un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Según la investigación liderada por una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se recolectaron pruebas que sugieren que la agresión nunca ocurrió. Esto se dedujo de grabaciones de cámaras de seguridad y del hecho constatado de que la líder adquirió un producto químico altamente concentrado en un establecimiento local antes del supuesto ataque. Estas evidencias cuestionan la veracidad de su relato inicial, en el que describía haber sido atacada tras una reunión con la Gobernación de Boyacá.
A raíz de estas observaciones, los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones fueron los cargos imputados por la Fiscalía a Cardozo Cipamocha, que no aceptó los cargos. Este caso pone en relieve la importancia de las investigaciones exhaustivas ante denuncias que movilizan recursos públicos y afectan la percepción de seguridad en las comunidades.
Este incisivo giro en los acontecimientos ha provocado debates sobre la seguridad de los líderes sociales en Colombia y la importancia de garantizar la integridad de los mecanismos de protección. Aunque la denuncia inicial había generado simpatía y preocupación por el bienestar de Cardozo Cipamocha, ahora la atención se centra en las implicaciones legales y éticas de sus acciones.
La administración de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la comunidad en general, aguardan el resultado del proceso judicial que determinará el futuro legal de la líder social, Lilia Patricia Cardozo Cipamocha. Este caso sirve como recordatorio de la complejidad que rodea la protección de individuos en áreas de riesgo y la necesidad de un escrutinio riguroso en la asignación de recursos destinados a la seguridad.
Cómo sucedieron los hechos del supuesto ataque
La Fiscalía radicó una solicitud para llevar a cabo una audiencia en contra de Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, acusada de los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones. La acusación surge después de que se descubriera que la supuesta agresión química que Cardozo reportó haber sufrido el pasado 11 de abril de 2023 no concordaba con la realidad, según la investigación de la autoridad competente. Este caso generó un considerable interés debido a las implicaciones sobre la seguridad personal y la integridad en las solicitudes de protección.
Según informes, Cardozo había solicitado previamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para ella y su familia, supuestamente debido a las amenazas asociadas a su labor social. La denuncia presentada relataba que, mientras se encontraba en el parque Santander de Tunja (Boyacá), había sido atacada con un agente químico por un individuo.
Esta declaración condujo inicialmente a la activación de medidas de protección en su favor. Sin embargo, las investigaciones subsecuentes han arrojado serias dudas sobre su veracidad.
Elementos probatorios, como videos de seguridad, indican que Cardozo no fue agredida en la vía pública como había descrito. Las lesiones reportadas en su rostro —indicadas en su momento por Laura Zabala, directora de la Casa de la Mujer de la UPTC— podrían haber sido autoinfligidas con productos de aseo personal que la misma Cardozo había adquirido.
Este giro en la investigación no sólo planteó cuestionamientos sobre el incidente reportado, sino también sobre las bases para la asignación de recursos de protección a individuos bajo supuesto riesgo.
El caso de Cardozo subrayó la importancia de una investigación meticulosa en denuncias que conducen a la asignación de recursos estatales destinados a la protección. Las autoridades recalcaron sobre la seriedad de proveer declaraciones verídicas, dada la considerable inversión de recursos públicos involucrada.
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