Gobierno Petro le dijo no a las farmacéuticas: tratamiento contra el VIH pasará de costar casi cinco millones de pesos a menos de doscientos mil

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia dio un paso hacia el acceso universal al tratamiento del VIH mediante la expedición de la Resolución 1579 de 2023, el pasado 2 de octubre. Esta resolución declaró la existencia de razones de interés público para someter la patente de medicamentos basados en dolutegravir a una licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental. Pero, ¿qué significa este acto y por qué se considera crucial?

La Declaratoria de Interés Público es una medida gubernamental que se emite cuando un medicamento se vuelve esencial para abordar una situación de salud pública, y su disponibilidad en el mercado representa una barrera de acceso. En este caso, el dolutegravir, recomendado como parte del esquema de primera línea para el VIH, se ha vuelto clave debido a sus menores efectos adversos y riesgo reducido de resistencia. Aunque incluido en el Plan de Beneficios en Salud desde 2018, su baja frecuencia de uso ha sido un desafío identificado en informes recientes.

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El análisis del Comité Técnico revela que el tratamiento anual con dolutegravir por paciente podría costar menos que otras opciones disponibles. Por ejemplo, comparando el precio reportado en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed) con la oferta de la Organización Panamericana de Salud, se identifica una diferencia sustancial. Este ahorro potencial se traduciría en la capacidad de atender a más personas, lo que es crucial en un país donde el 0.5% de la población de 15 a 49 años vive con VIH.

Por otro lado, el estudio Bienvenir (Bienestar de los Venezolanos que son Inmigrantes y Refugiados) destaca la necesidad de atención a la población migrante venezolana, que representa un desafío significativo en el sistema de salud colombiano, con VIH.

Actualmente, estas personas acceden al dolutegravir a través de organizaciones de base comunitaria, pero una vez regularizan su situación migratoria, se les cambia al tratamiento basado en Efavirenz, que ya no es la primera línea recomendada por la OMS.

La licencia obligatoria de uso gubernamental, contemplada en acuerdos internacionales y regulada a nivel nacional, permite que el gobierno limite la patente de un medicamento en situaciones de interés público, facilitando la adquisición de versiones genéricas. Aunque algunas compañías han expresado preocupaciones, la experiencia internacional sugiere que esto no compromete la innovación ni retrasa la entrada de nuevos medicamentos al mercado.

En el marco del Día Mundial contra el VIH/Sida, el pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Salud reafirmó su decisión mediante las Resoluciones 2022, 2023 y 2024 del año 2023, desestimando argumentos de compañías farmacéuticas. Esto consolida la declaratoria de interés público y avanza hacia la licencia obligatoria, permitiendo el acceso a la población colombiana, independientemente de su ubicación geográfica o capacidad económica.

El análisis de costos muestra que la licencia obligatoria podría significar un ahorro significativo para el sistema de salud colombiano. Con cifras que comparan el costo anual del dolutegravir en el Sismed y la OPS, se destaca la oportunidad de atender a más personas, incluyendo la población migrante y aquellos diagnosticados recientemente con VIH.

Con la resolución firme, el siguiente paso es el otorgamiento de la licencia obligatoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto allanará el camino para que el gobierno colombiano adquiera versiones genéricas del dolutegravir, fortaleciendo así su respuesta al VIH/Sida.

En conclusión, la declaratoria de interés público y la licencia obligatoria son herramientas poderosas para asegurar que los tratamientos esenciales estén al alcance de todos en Colombia. Este paso no solo aborda cuestiones económicas, sino que también representa un compromiso firme hacia la salud y el bienestar de la población.