El jueves 23 de noviembre se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en La Haya, Países Bajos. Durante la reunión, los funcionarios reafirmaron la decisión de abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en territorio nacional. Esta decisión haría parte del acuerdo de complementariedad positiva que se firmó entre las dos entidades en el 2021.
Por su parte, el fiscal Karim Khan ratificó la decisión de abrir la oficina en Colombia, ya que, según sus palabras, esto permitía desarrollar el plan de trabajo firmado entre las partes y profundizar la colaboración entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscal de la CPI.
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Desde la sede de la CPI en La Haya, el presidente Roberto Carlos Vidal solicitó al fiscal su ayuda para que la comunidad internacional siga apoyando “la protección y defensa de la autonomía de la JEP como un tribunal que, en un estado de derecho, su condición de ejercicio es la independencia”.
Al concluir el encuentro, el presidente Vidal aseguró: “Hemos encontrado que a través del trabajo permanente y conjunto que venimos realizando (entre la CPI y la JEP) la relación se ha fortalecido, tiene una perspectiva muy importante de apoyo conjunto tanto a la autonomía, como al avance de nuestros casos y el trabajo en el futuro con otras experiencias de justicia transicional”.
Esta decisión responde a la solicitud presentada formalmente por Roberto Carlos Vidal en marzo del 2023, para la fecha el togado se refirió a la posibilidad de trabajar en conjunto con la Corte y de esta manera usar los equipos y las técnicas del ente internacional para buscar un país más justo y pacífico.
¿Cuál es el papel de la Corte en Colombia?
La Corte Penal Internacional ha buscado apoyar a las autoridades colombianas en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado en Colombia y a su vez pretende robustecer los mecanismos entre las jurisdicciones del territorio nacional.
“No es que la Fiscalía de la CPI venga a enseñar; llega a nutrirse de los dos procesos adelantados acá y a colaborar. Colombia está en medio de procesos de macro criminalidad, que requieren procesos especiales de investigación”, explicó un experto ante los micrófonos de El Espectador.
Objetivo del plan en conjunto
Lo que busca la alianza es alcanzar justicia y verdad para las víctimas y así promover garantías de no repetición.
Por lo que el Gobierno nacional se comprometió, en cabeza del canciller Álvaro Leyva Durán, a salvaguardar el marco constitucional y legislativo, preservar y apoyar las estructuras existentes para alcanzar la justicia, financiar adecuadamente estas estructuras, proteger su independencia y garantizar la seguridad del personal judicial.
También, se comprometió a promover la cooperación entre las diferentes entidades del Estado, como: la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con miras a establecer mejores mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional.
En el plan de trabajo se incluyeron visitas anuales al país, intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas con los mecanismos nacionales de justicia, y la participación de profesionales del derecho colombianos en programas sobre derecho penal internacional en la CPI.
Este plan se firmó durante el panel ‘Hoja de ruta hacia la justicia en Colombia: Un laboratorio de paz construido sobre el ejercicio de la complementariedad positiva’, que organizó la Cancillería de Colombia al cierre del primer trimestre del 2023.
Durante el encuentro se contó con la participación de la embajadora de Colombia ante el Reino, Carolina Olarte; María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), el Fiscal Khan; el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal; la vicefiscal Martha Mancera; y la vicerrectora de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Astrid Liliana Sánchez Mejía.
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