Un día antes del anuncio conjunto entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) de instalar una mesa de diálogos, se conoció el asesinato de Rigoberto Mendoza Ospina, firmante del Acuerdo Final de Paz en Caquetá. Ante este hecho, la oficina del alto comisionado de Paz (Oacp) no solo manifestó su rechazo, sino que exigió a la disidencia de Iván Mordisco respetar la vida de los excombatientes que se acogieron a lo pactado en La Habana.
A través de un extenso comunicado, la entidad liderada por Danilo Rueda indicó que es fundamental dentro del proceso de paz no atentar contra quienes están cumpliendo con lo firmado entre la extinta guerrilla y el Estado colombiano. Asimismo, enfatizó en que esa obligación ha sido un no negociable de la administración Petro ante los grupos armados irregulares que pidieron acogerse a la política de Paz Total.
“Este Gobierno reconoce que la responsabilidad por la protección de la vida y las garantías de seguridad de la población firmante recae enteramente en el Estado. Por eso, de manera transversal y más allá de los escenarios de diálogo, se han adoptado todas las medidas pertinentes para su protección”, manifestó el comunicado emitido en la tarde del domingo 9 de julio.
De acuerdo con cifras del observatorio de derechos humanos de Indepaz, en 2023 han sido asesinados 89 excombatientes de las Farc que se encontraban en proceso de reincorporación. De hecho, el caso más reciente ocurrió el jueves 6 de julio. Ese día, fue asesinado en Buenaventura Heber Gamboa, líder indígena del distrito.
Ante ese panorama, la dependencia precisó que esos crímenes aún se están investigando. “Seguimos en el desmonte de estructuras criminales y en iniciativas para combatir la estigmatización de la población firmante de paz”. De paso, ratificó que ningún crimen contra esta población fue silenciado por parte del propio Gobierno o las autoridades
La Oacp reiteró también que, si bien hay grupos que negaron la invitación del Gobierno para buscar una salida negociada al conflicto, estos son enfrentados con toda la contundencia de la fuerza pública. Tal es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) tras el levantamiento del cese al fuego en marzo de 2023 por constantes incumplimientos de parte de ese grupo ilegal.
Sobre la instalación de la mesa de diálogos con el EMC, la Iglesia católica confirmó su acompañamiento en esta fase de un eventual proceso de paz y en la preparación de un cese al fuego bilateral. Según el pronunciamiento conjunto de ambas partes, habrá una fase preliminar de la mesa de diálogos que abarcará dos puntos claves.
El primero está centrado en los ajustes necesarios para el protocolo de cese al fuego bilateral de carácter temporal y nacional –similar al pactado con el ELN–; la protección de las comunidades, la población civil en general y la implementación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv), y la organización de la preagenda de la mesa de conversaciones.
En esa fase preliminar será instalado un ‘equipo nacional de generación de confianza y resolución de contingencias’, integrado por representantes del Gobierno nacional y voceros de la disidencia al mando de alias “Iván Mordisco”. Estas designaciones tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; la Iglesia católica y el Consejo Mundial de Iglesias. y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) con sus mecanismos de protección y seguridad correspondientes.
“En los próximos días anunciarán públicamente los nombres de las personas que integrarán sus delegaciones”, indicó el documento.
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