De acuerdo con el dictamen de esos profesionales, las elecciones, que no han sido reconocidas ni por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán “nulas de pleno derecho”. La WJA (World Jurist Association), con sede en Washington y presidida por el español Javier Cremades, quiere “advertir a la opinión pública mundial respecto a los intentos de Nicolás Maduro de elegir una nueva Asamblea Nacional mediante una convocatoria que no reúne los mínimos requisitos democráticos”.
Tras “cinco años de menosprecio a la Asamblea Nacional por parte de un ejecutivo ilegítimo, los comicios convocados se realizarán en medio de evidentes muestras de falta de transparencia y acoso a los pocos candidatos no gratos al oficialismo”, agrega.
Los más de 1.000 firmantes llaman la atención sobre el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia, “en violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, permitiéndoles modificar a su arbitrio las leyes electorales”.
Entre los firmante están Álvaro Rodríguez Bereijo, presidente emérito del Tribunal Constitucional español y redactor de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y Viviane Reding, ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex comisaria de Justicia.
David Mills, catedrático de Derecho de la Stanford Law School, Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y Johann Kriegler, exmagistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica hasta 2002 y considerado una autoridad en procesos electorales, firman también la declaración.
En Venezuela “estamos asistiendo a los pasos que da una antigua democracia hacia el reforzamiento de una dictadura”, dijo Kriegler, que fue el presidente de la Comisión Electoral Independiente que llevaría a cabo las primeras elecciones con sufragio universal real en Sudáfrica tras el “apartheid” y fue colaborador de Nelson Mandela.
A partir de los datos constatados y ante la ausencia de las garantías políticas y jurídicas ya expuestas, necesarias para que unas elecciones puedan considerarse libres y democráticas, los firmantes de la declaración estiman que “tales elecciones son inválidas y rechazan su celebración”.
En consecuencia estiman que para garantizar la protección de los derechos humanos en ese país, la legitimidad de la actual Asamblea Nacional de Venezuela “debe preservarse hasta la convocatoria de elecciones verdaderamente libres, inclusivas y democráticas”.
Más allá de los cuestionamientos sobre su transparencia, las elecciones de mañana se celebrarán en medio de una gravísima crisis que tiene al 80 % de los ciudadanos venezolanos en situación de pobreza extrema y de la pandemia de coronavirus, que ha dejado 912 muertos en el país suramericano.
Poco más de 20 millones de venezolanos están llamados a escoger 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes. En toda esa gama de candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos.
Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con información de EFE
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