Una corte de Trinidad y Tobago suspendió temporalmente la deportación de una veintena de migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, mientras se dirime la legalidad del proceso que ha sido ampliamente criticado por el gobierno interino venezolano y diversas organizaciones, informó un abogado que participa en el caso.
Tras la polémica desatada el fin de semana por la devolución a Venezuela en una precaria embarcación del grupo de migrantes, quienes retornaron días después a la isla gracias a una medida judicial, un tribunal decidió la noche del miércoles que los venezolanos permanezca en Trinidad y Tobago hasta que se resuelva sobre el fondo del proceso de deportación, dijo el abogado Gonzalo Himiob, director de la organización humanitaria venezolana Foro Penal, que apoya la defensa.
El grupo fue enviado a una instalación oficial para cumplir una cuarentena de 14 días hasta que la corte tome una nueva decisión sobre el caso.
Activistas han dicho que el grupo está integrado por 29 personas, aunque la prensa local en Trinidad señaló el jueves que en la audiencia judicial estuvieron 26: 10 adultos, 15 menores y un bebé de cuatro meses.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno trinitario proteger a los niños y las personas que buscan refugio.
Los migrantes llegaron por primera vez a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre y, al no tener autorización para hacerlo, fueron detenidos a su llegada. El 22 de noviembre fueron deportados en la barca precaria, conocida como peñón. Luego de que una corte trinitaria ordenara revertir la devolución y su decisión se diera a conocer a través de medios locales, los migrantes volvieron, pero tras su segunda llegada se les detuvo nuevamente.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo el martes en conferencia de prensa que cualquier migrante ilegal que ingrese a la isla en el período actual es declarado “indeseable” inmediatamente después de arribar, y se le aplica lo que establecen las leyes para devolverlos.
La reacción del primer ministro Keith Rowley, aliado del dictador Nicolás Maduro y que se expresó el miércoles en Twitter, fue en el mismo sentido. “Este es un asunto, no de la OEA, sino del pueblo de Trinidad y Tobago. Actualmente hemos cerrado nuestras fronteras incluso a nuestros propios ciudadanos en esta pandemia y resistiríamos todos los esfuerzos de otros que están empeñados en forzar la apertura de nuestras fronteras a través de la inmigración ilegal”.
El régimen de Venezuela convocó el miércoles a una reunión con Trinidad y Tobago para evaluar asuntos de seguridad.
Sin hacer mención al incidente ocurrido con los migrantes, el canciller chavista Jorge Arreaza señaló en su cuenta de Twitter que por instrucciones de Maduro se llamó a un encuentro con las autoridades de Trinidad y Tobago para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico, pero no se precisó cuando se realizará el encuentro.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph Mondello, emitió este miércoles un comunicado sobre la actual crisis en Venezuela y la afluencia de refugiados desde ese país: “La responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela radica directamente en las políticas fallidas y los abusos del régimen de Maduro”.
A inicios de semana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó inquietud por el proceso que aplicó Trinidad y Tobago en el caso, y exhortó al gobierno de la isla a garantizar el ingreso a su territorio de venezolanos que buscan protección internacional por “razones humanitarias urgentes”, así como “respetar el principio de no devolución” previsto en convenios internacionales suscritos por la nación caribeña.
De acuerdo a estimaciones de ACNUR, a Trinidad y Tobago han emigrado en los últimos años unos 35.000 venezolanos que huyen de la compleja crisis económica y social que azota a Venezuela.
Con información de AP
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