El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió formalmente a los países de las Naciones Unidas que invoquen la responsabilidad de proteger en Venezuela, un compromiso adoptado por los miembros del organismo multilateral en 2005 para evitar el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.
“Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, declaró Guaidó este miércoles en una teleconferencia en el marco de la 75° Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York esta semana.
Según informa la ONU, la responsabilidad de proteger está basada en tres pilares: “la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones (primer pilar); la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones (segundo pilar); y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo (tercer pilar)”.
Guaidó indicó que “de la mano” de sus aliados internacionales se han llevado a cabo mecanismos de “diplomacia preventiva”, pero que estos no han sido fructíferos. Por ende, indicó, se ha “llegado casi al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”. Entre las acciones emprendidas mencionó las sanciones económicas individuales a los responsables de las “atroces violaciones de derechos humanos”.
Para respaldar su solicitud, Juan Guaidó pidió a todos los representantes de la ONU que lean “el informe detallado” de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela para que conozcan los testimonios de víctimas de torturas y abusos y “quedará en sus manos considerar proceder junto a sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil”.
“Elevo solicitud también al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que movilice la voluntad política de los Estados Miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”, declaró el líder de la Asamblea Nacional venezolana, reconocido como presidente legítimo de la nación por más de medio centenar de países.
Crímenes de estado sistemáticos
La Misión Internacional Independiente que fue establecida por el Consejo de DDHH de la ONU mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en Venezuela denunció este miércoles crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.
Según el informe, de 411 páginas, las violaciones de DDHH fueron perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.
“Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (...) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, concluyó la investigadora portuguesa.
El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de hoy a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.
La misión investigó unas 4.600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
La presidenta de la misión tripartita defendió la “total independencia e imparcialidad” de su labor y lamentó que el régimen venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones “in situ” en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.
Con información de EFE
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