El presidente Trump repitió sus afirmaciones infundadas de que las elecciones estadounidenses están manipuladas, en tanto los republicanos se enfrentan a posibles pérdidas este otoño.
El presidente Donald Trump redobló su extraordinario llamado al Partido Republicano para "nacionalizar" el voto en Estados Unidos, incluso mientras la Casa Blanca intentaba retractarse y miembros de su propio partido criticaban la idea.
Trump dijo el martes que creía que el gobierno federal debía "involucrarse" en elecciones que están plagadas de "corrupción", con lo que reiteró su postura de que el gobierno federal debe usurpar las leyes estatales y ejercer control sobre las elecciones locales.
Si los estados "no pueden contar los votos de forma legal y honesta, entonces alguien debería hacerse cargo", dijo en el Despacho Oval, y acusó de corrupción a varias ciudades gobernadas por demócratas. "Fíjense en algunos de esos lugares --esa horrible corrupción en las elecciones-- y el gobierno federal no debería permitirlo", añadió. "El gobierno federal debería involucrarse".
Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que la Casa Blanca intentara retractarse de sus comentarios de un día antes de que su partido debería nacionalizar las elecciones. Y fueron la repetición más reciente de sus afirmaciones infundadas de que las elecciones estadounidenses están manipuladas, mientras los republicanos se enfrentan a posibles grandes pérdidas este otoño.
El lunes, durante una entrevista en un pódcast con Dan Bongino, su exdirector adjunto del FBI, Trump pidió que los funcionarios republicanos "se hicieran cargo" de los procedimientos de votación en 15 estados, aunque no los nombró. "Los republicanos deberían decir: 'Queremos tomar el control'", dijo. "Deberíamos tomar el control de la votación, de la votación en al menos muchos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación".
La declaración de Trump supuso una notable escalada en su intento de ejercer poder sobre el resultado de futuras elecciones. Según la Constitución, las elecciones estadounidenses se rigen principalmente por leyes estatales, lo que da lugar a un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por funcionarios de los condados y los municipios en miles de distritos electorales de todo el país.
Pero Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el martes que Trump se refería en realidad a la legislación que exigiría a las personas demostrar que son ciudadanos estadounidenses cuando se inscriban para votar.
"A lo que se refería el presidente es a la Ley SAVE, que es una legislación enorme y de sentido común que los republicanos han apoyado y que el presidente Trump se ha comprometido a promulgar durante su mandato", dijo Leavitt.
"No creo que ninguna persona racional que sea honesta consigo misma esté en desacuerdo con la idea de exigir a los ciudadanos de este país que presenten un documento de identidad antes de depositar su voto en unas elecciones federales o, francamente, en cualquier elección, y eso es algo que el presidente quiere que ocurra".
Pero Trump nunca hizo referencia a la Ley SAVE durante el pódcast ni en su aparición del martes en el Despacho Oval. Y en cualquier caso, la Ley SAVE no federaliza las elecciones.
Leavitt dijo que "el presidente cree en la Constitución de Estados Unidos", pero que también creía que se habían producido "muchos fraudes e irregularidades en las elecciones estadounidenses".
Leavitt no identificó los 15 estados a los que se refería Trump en el pódcast. Solo citó California y Nueva York --dos estados dirigidos por demócratas que el presidente suele tener en el punto de mira-- como ejemplos de lugares en los que se permite votar a los no ciudadanos en sus elecciones, lo que crea un sistema que, dijo, está "lleno de fraude".
Poco después de que Leavitt hiciera su declaración, Trump volvió a hablar del control federal de las elecciones.
"Quiero que las elecciones sean honestas, y si un estado no puede celebrar unas elecciones, creo que la gente que está detrás de mí debería hacer algo al respecto", dijo Trump en el Despacho Oval, donde legisladores republicanos de ambas cámaras del Congreso se unieron a él en la firma de la legislación para poner fin al cierre parcial del gobierno.
Los comentarios de Trump y la intensificación de la presión republicana en el Congreso para endurecer las leyes electorales --junto con la medida adoptada la semana pasada por el FBI de confiscar papeletas y otros registros electorales de las elecciones de 2020 en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia-- sugieren una campaña más amplia del presidente y sus aliados para sembrar la desconfianza en las elecciones estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.
El propio Trump ha pronosticado repetidamente en los últimos meses que los republicanos perderían las elecciones de mitad de mandato, después de que el partido se viera sacudido por la pérdida de varias elecciones locales el pasado noviembre, y de que un demócrata ganara unas elecciones especiales en Texas la semana pasada en un distrito que Trump había ganado por dos dígitos.
El voto de los no ciudadanos es poco frecuente, y ya es ilegal en las elecciones federales. Pero Trump y muchos de sus aliados insistieron repetidamente y sin fundamento durante las elecciones de 2024 en que personas no ciudadanas acudían en masa a las urnas, una campaña de desinformación que se ha intensificado en las últimas semanas a medida que se acercan las elecciones.
El Departamento de Justicia, que se ha politizado de nuevo bajo el mandato de Trump, está exigiendo que numerosos estados, entre ellos Minnesota, entreguen sus censos electorales completos mientras el gobierno de Trump intenta crear un archivo nacional de votantes.
Hasta ahora, los miembros del Congreso han rechazado los llamados de Trump a nacionalizar las elecciones.
"No estoy a favor de federalizar las elecciones", declaró el martes a la prensa el senador por Dakota del Sur, John Thune, líder de la mayoría. Dijo que sí apoyaba leyes más estrictas de identificación de los votantes y la exigencia de una prueba de ciudadanía en los centros de votación, pero que cuando se trata de que los estados tengan el poder de dirigir las elecciones, eso era "una cuestión constitucional".
La Ley SAVE obligaría a los estados a obtener pruebas de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, en persona de quienes deseen inscribirse para votar. Penalizaría a los funcionarios electorales que no solicitaran esas pruebas, y exigiría a los estados que eliminaran proactivamente a los no ciudadanos de sus listas de votantes.
La Cámara de Representantes aprobó la ley el año pasado, pero se estancó en el Senado, donde necesitaría el respaldo de al menos siete demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos y proceder a su votación.
En las últimas semanas, los republicanos conservadores han redoblado sus esfuerzos para presionar al Senado a fin de que apruebe el proyecto de ley, y personas influyentes de extrema derecha han acudido a las redes sociales para criticar a los senadores republicanos por no hacer lo suficiente para promulgarlo.
Elon Musk, donante político multimillonario, ha estado presionando a favor de la ley en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad. E incluso aunque la Ley SAVE se ha estancado, los legisladores presentaron un proyecto renovado que también exigiría a los votantes presentar una identificación con foto antes de votar, otro objetivo largamente perseguido por los republicanos.
A medida que crecía el clamor en torno al proyecto de ley, este amenazó brevemente con poner en peligro un acuerdo para financiar la mayor parte del gobierno. Muchos conservadores de derecha presionaron para que se incluyera una versión de la Ley SAVE en un paquete de gastos no relacionado, y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes necesitaron el respaldo de la Casa Blanca para convencer a los reticentes de que dieran marcha atrás.
Los demócratas han argumentado que la ley es innecesaria y que penalizaría a los funcionarios por un problema que apenas existe. También han sostenido que sus requisitos eran tan onerosos que podrían disuadir a grandes franjas de estadounidenses de registrarse o votar, incluidas las mujeres que cambian de nombre al casarse.
"En su primer mandato, Donald Trump presionó, amenazó, forzó e incitó, todo ello en un intento de amañar unas elecciones y anular su resultado para aferrarse al poder", dijo en un comunicado el senador Adam Schiff, demócrata por California. "No podemos pasar por alto las señales de que va a intentarlo de nuevo. No confíes en mi palabra. Confía en la suya".
Reid J. Epstein y Nick Corasaniti colaboraron con reportería.
Erica L. Green es corresponsal de la Casa Blanca del presidente Donald Trump y su gobierno.
Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.
Robert Jimison cubre el Congreso estadounidense para el Times y se enfoca en temas de defensa y política exterior.
Reid J. Epstein y Nick Corasaniti colaboraron con reportería.
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