MEDELLÍN — La Cámara de Representantes de Colombia inició el debate de una moción de censura contra el ministro de Defensa del país el 10 de junio, en medio de las críticas en el país porque los militares habían emitido órdenes este año en las que se alentaba a cometer abusos a los derechos humanos.
La audiencia para disciplinar al ministro, Guillermo Botero, ocurre tres semanas después de que The New York Times reveló nuevas órdenes en las que se instruye a los principales comandantes del ejército a "duplicar los resultados" de sus misiones militares contra grupos guerrilleros, paramilitares y criminales.
Las órdenes conmocionaron a todos los rangos del ejército; algunos comandantes dijeron que la presión para llevar a cabo ataques significaría numerosas bajas de civiles y que ya había causado muertes sospechosas.
A mediados de la década de los dos mil hubo hasta cinco mil ejecuciones extrajudiciales en circunstancias similares, conocidas actualmente como las ejecuciones de los "falsos positivos".
"Hay unas directrices que son públicas que nos marcan a nosotros el temor de volver a cosas que creíamos superadas", dijo Luis Alberto Albán, quien fuera líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que ahora es un representante en el congreso colombiano.
Durante el debate en el congreso, Albán destacó que más de 130 exintegrantes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, algunos a manos de militares.
Katherine Miranda, legisladora del partido Alianza Verde, dijo que el reportaje en The New York Times "claramente muestra que hemos caído en políticas que han incentivado ejecuciones extrajudiciales".
Señaló que quienes dieron a conocer los hechos en el artículo del Times no eran miembros de la oposición como ella, sino "altos mandos en el ejército", y que "es el ejército mismo el que está diciendo que posiblemente se trata de falsos positivos".
Los altos mandos que hablaron con el Times brindaron copias de órdenes en las que se les instruía duplicar el número de rendiciones, detenciones y ejecuciones durante operaciones militares, y a disminuir el estándar con el que las iniciaban.
También proporcionaron un formato de promesa en el que dijeron que el mayor general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, había dicho a los comandantes que se fijaran metas para el número de criminales y miembros de grupos armados asesinados, capturados y obligados a rendirse en combate.
Poco después del artículo publicado en el Times, el ejército dijo que cambiaría los formatos, y Francisco Santos, el embajador colombiano en Estados Unidos, posteriormente dijo que habían sido eliminados por completo. El 24 de mayo, el presidente Iván Duque dijo que designaría a una comisión independiente para revisar las órdenes para asegurarse de que no violaron leyes internacionales o de derechos humanos.
Hacia el final de la audiencia, Botero se presentó ante los legisladores para declarar en su defensa, al decir que siempre había sido honesto con el gobierno sobre las acciones del ejército. Dijo que aunque el ejército había aumentado sus ataques este año, su énfasis siempre había sido en las capturas y que se rindieran en vez de las muertes en combate.
"No existen resultados de seguridad algunos si no se observan la constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", dijo.
El futuro de Botero podría estar sujeto a una votación tan pronto como este jueves o la próxima semana, pero no queda claro qué tan lejos llegará el esfuerzo para retirarlo del cargo en el congreso de mayoría conservadora. La semana pasada, los aliados de Duque en el congreso ascendieron de rango a Martínez, a pesar de los llamados para que renunciara.
En un testimonio ante el Senado colombiano la semana pasada, Botero dijo que el número de operaciones militares se había incrementado en un tercio durante su gestión, pero que esos operativos "siempre fueron hechos con respeto a los derechos humanos".
*Copyright: c.2019 New York Times News Service
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