El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó este domingo que ha solicitado a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, detalles concretos sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy, quienes fueron trasladados por la fuerza el sábado pasado a territorio ruso. Lubinets también exigió su retorno inmediato a Ucrania y contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según comunicó este domingo a través de su cuenta en Telegram. Las autoridades ucranianas consideran que la operación constituye una “grave violación del derecho internacional humanitario”, ya que implica la privación ilegal de libertad y la deportación forzosa de población civil.
Lubinets afirmó en su mensaje que solicitó a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia información sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y demandas para su retorno inmediato. Añadió que ha remitido una carta formal al CICR para que la organización internacional intervenga en el caso.
El funcionario ucraniano instó igualmente a la comunidad internacional a realizar “una evaluación legal pertinente” de las acciones de Rusia y pidió emplear todos los mecanismos disponibles para poner fin a las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción divulgada por Lubinets, fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy) y los mantuvieron retenidos sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas. El traslado forzoso a Rusia se habría producido el sábado, de acuerdo con la información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske. Tras la toma del pueblo, una cincuentena de civiles, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada que previamente se habían negado a ser evacuados a otras zonas de Ucrania, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso.
Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayó que la negativa de los residentes a ser evacuados dentro del país no legitima las acciones militares rusas y recalcó que tales traslados constituyen una violación de las leyes internacionales. La Dirección General de Comunicaciones precisó que, debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Sumy, las autoridades han organizado evacuaciones de las comunidades territoriales fronterizas. Hasta la fecha, más de 30.000 personas —cerca del 84 % de la población de ocho comunidades— han sido evacuadas. El 16 % restante, aproximadamente 5.700 personas, incluidas 38 niñas y niños, ha decidido quedarse.
En un mensaje dirigido a los residentes que permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación continúa siendo una oportunidad para salvaguardar la integridad propia y de los seres queridos.
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