La tensión política en Costa Rica volvió a escalar este jueves, luego de que la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, acusara al mandatario Rodrigo Chaves de poner en riesgo la paz y la estabilidad del país con sus constantes ataques a la institución y a sus magistrados. Esto ocurre en medio de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
En un comunicado enviado a los medios, Zamora lanzó un mensaje directo al presidente, advirtiendo que sus declaraciones socavan la credibilidad del sistema democrático costarricense. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal como juezas y jueces electorales, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos”, afirmó la magistrada. La presidenta del TSE agregó que Chaves “está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo que no podemos permitir”.
Durante los últimos meses, el presidente ha mantenido una confrontación abierta con el organismo electoral. Ha acusado al TSE de imponerle una “mordaza” durante la campaña, de impulsar un “golpe de Estado” a través de una solicitud de desafuero, y ha cuestionado la imparcialidad del tribunal al recordar que Zamora trabajó en un gobierno del Partido Liberación Nacional, hoy principal fuerza opositora.
Frente a esas afirmaciones, Zamora respondió con firmeza: “Es falso que el Tribunal Supremo de Elecciones esté sesgado en su contra. Cuidamos los votos a su favor en 2022, cuando sus correligionarios no eran suficientes para hacerlo en las mesas de votación. Declaramos la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”.
El gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado por su tono confrontativo hacia distintas instituciones del Estado. En sus discursos, ha cuestionado a los partidos de oposición, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General y, más recientemente, al propio TSE.
El pasado 7 de octubre, el tribunal solicitó a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero presidencial por quince denuncias de beligerancia política, vinculadas a ataques contra partidos y declaraciones sobre temas electorales. Si el proceso avanza, Chaves podría ser sancionado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos o incluso con la destitución, aunque varios juristas han advertido que esa medida podría ser inconstitucional.
La legislación costarricense prohíbe la reelección consecutiva y restringe de manera estricta la participación de funcionarios en campañas electorales. El presidente y su gabinete no pueden utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a partidos políticos, ni participar en actividades proselitistas. Además, durante el período electoral, el Gobierno tiene prohibido difundir publicidad sobre su gestión, incluso en redes sociales, algo que Chaves ha calificado como “una mordaza” impuesta por el TSE.
En su pronunciamiento de este jueves, Zamora defendió las acciones del tribunal y afirmó que no volverá a referirse al mandatario, subrayando que la campaña no debe girar en torno a él, sino en torno a las propuestas de los candidatos.
Costa Rica se prepara para celebrar el 1 de febrero de 2026 unas elecciones clave, en las que se elegirán al nuevo presidente y a los 57 diputados del Congreso para el período 2026-2030. Hasta el momento, se han inscrito veinte aspirantes presidenciales, en un clima político que promete una contienda reñida y marcada por la creciente tensión entre el Ejecutivo y los órganos institucionales del país.
(Con información de EFE)
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