El Tribunal Supremo de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) a abandonar su domicilio el próximo sábado 16 de agosto para someterse a una serie de exámenes médicos en un hospital privado de Brasilia. Será la primera vez que el ex mandatario salga de su residencia desde que cumple prisión domiciliaria, medida impuesta el pasado 4 de agosto.
La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo y responsable de varios procesos contra Bolsonaro, quien aceptó el pedido de la defensa para que el ex mandatario sea trasladado al Hospital DF Star. Allí deberá permanecer entre seis y ocho horas para someterse a análisis de sangre y orina, endoscopia, tomografía computarizada, ecografía y un cardiograma.
Según sus abogados, el ex mandatario presenta problemas de reflujo e hipo refractario, afecciones que —aseguran— requieren una evaluación médica urgente. Bolsonaro deberá entregar a la Justicia, en un plazo máximo de 48 horas después de la consulta, un informe que acredite los procedimientos realizados y la hora de la cita médica.
Aunque el permiso le permitirá salir de su casa, el ex presidente seguirá bajo vigilancia constante. Portará la pulsera electrónica que se le colocó a inicios de mes y que permite rastrear sus movimientos en todo momento. El traslado y la supervisión quedarán a cargo de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal.
La resolución judicial también autoriza a Bolsonaro a recibir la visita de varios aliados políticos: el senador Rogério Marinho y el diputado Altineu Cortes, ambos del Partido Liberal (PL); así como del vicealcalde de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, y del diputado Tomé Abuch, del partido Republicanos.
Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplir medidas cautelares impuestas en el marco de una investigación sobre su presunta implicación en un plan para obstaculizar un proceso judicial en su contra por intento de golpe de Estado. La causa se centra en los eventos posteriores a las elecciones de 2022, cuando el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo.
Las pesquisas del Supremo apuntan a que Bolsonaro habría canalizado hasta dos millones de reales (más de 350.000 dólares) para financiar actividades políticas en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, a través de su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro. Este último habría promovido, desde marzo, una campaña para impulsar sanciones y aranceles contra autoridades brasileñas, en un contexto en el que el expresidente estadounidense Donald Trump manifestaba un interés particular por la situación judicial de su aliado brasileño.
De acuerdo con la acusación, el objetivo era presionar y desacreditar a instituciones brasileñas que investigan los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Ese asalto, que dejó un fuerte impacto político, llevó a la apertura de múltiples procesos penales contra líderes y organizadores, incluido el propio expresidente.
El juez Alexandre de Moraes, blanco de críticas constantes por parte de Bolsonaro y sus seguidores, ha sido una figura central en las investigaciones sobre la desinformación, los ataques a la democracia y las redes que impulsaron las protestas violentas. Ha ordenado medidas restrictivas, como la prohibición de contacto con otros investigados y la entrega del pasaporte, y ha bloqueado cuentas en redes sociales utilizadas para difundir mensajes considerados como incitación a la violencia o al desacato judicial.
En el caso actual, la prisión domiciliaria se dictó tras constatarse que Bolsonaro habría incumplido la orden de no involucrarse en actos políticos internacionales relacionados con su causa judicial. La defensa sostiene que las actividades en Estados Unidos no violaban las restricciones, argumento que el Supremo no aceptó.
Un proceso en desarrollo El permiso médico de este sábado no altera la condición judicial del ex presidente. Bolsonaro seguirá en prisión domiciliaria mientras avanza la investigación, que podría derivar en nuevas acusaciones formales. La autorización se limita estrictamente a los procedimientos médicos programados, con la obligación de retornar a su residencia al finalizar las pruebas.
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