La Knéset aprobó este lunes por unanimidad la destitución de la fiscal general del Estado, Gali Baharav‑Miara, una de las críticas más feroces al primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la medida quedó paralizada de inmediato por el Tribunal Supremo, tras un recurso urgente presentado por la oposición y organizaciones civiles.
Tras la votación en el consejo de ministros, el ministro de Justicia Yariv Levin envió una carta a Baharav‑Miara advirtiendo que ella “no debía tratar de imponerse a un gobierno que no tiene confianza en ella y no puede trabajar de manera eficaz con ella”.
Desde su nombramiento en 2022, Baharav‑Miara ha cuestionado en varias ocasiones decisiones del gabinete, particularmente la intención de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Ella sostuvo que esa acción involucraba un posible “conflicto de intereses” debido a investigaciones del Shin Bet sobre allegados de Netanyahu sospechosos de recibir sobornos de Qatar.
El gabinete emprendió formalmente el proceso de remoción en marzo, cuando votó una moción de no confianza. La acusaron de “comportamiento inapropiado” y argumentaron que su postura constituía un obstáculo para “colaboración efectiva”. Baharav‑Miara rechazó esas afirmaciones y señaló que el objetivo era “acumular poder ilimitado... parte de un movimiento más amplio para debilitar la rama judicial” y “promover la lealtad al gobierno”.
La destitución fue impulsada en un momento de tensión creciente entre el Ejecutivo y el poder judicial. Desde 2023, Levin lidera una ambiciosa reforma judicial que recortaría la independencia del Tribunal Supremo y alteraría el sistema de nombramientos judiciales. Críticos advirtieron que dichos cambios podrían minar los equilibrios democráticos de Israel.
El fiscal general es clave en el sistema israelí —un Estado sin constitución escrita— pues actúa como consejero legal del gobierno y fiscal principal en causas penales contra miembros del Ejecutivo. En la actual coyuntura, supervisaba el juicio por corrupción contra Netanyahu, que lleva ya varios años.
Tras publicarse el fallo, el partido opositor Yesh Atid y la ONG Movement for Quality Government in Israel presentaron recursos inmediatos ante la Corte Suprema alegando un proceso ilegal que buscaba subordinar la fiscalía al poder político.
Poco después, el Tribunal emitió una orden cautelar que suspende tanto la destitución como cualquier nombramiento de reemplazo. Se acordó celebrar una audiencia dentro de 30 días, y hasta entonces no se modificará la autoridad de Baharav‑Miara.
Analistas legales locales consideran que esta es la primera vez en la historia de Israel que el gobierno intenta destituir directamente a una fiscal general en funciones, lo que —afirman— representa un riesgo profundo para la independencia judicial.
La oposición denuncia que lo ocurrido no es solo un ataque individual contra Baharav‑Miara, sino parte de una estrategia de consolidación autoritaria. Alegan que Netanyahu busca instalar en su lugar una figura más afín, que pueda frenar o ralentizar su proceso judicial.
Por ahora, la Corte Suprema actuó con rapidez frente a lo que llamó un “procedimiento inadecuado” que ignoró las normativas existentes para nombramientos de cargos sensibles. El gobierno, antes de la votación, ya había sido advertido sobre la improcedencia del trámite.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y juristas veteranos manifestaron alarma ante la posibilidad de erosionar la vigencia del Estado de derecho. Ex fiscales y expertos advirtieron que la independencia judicial corre serio peligro ante estas maniobras.
Afuera del gobierno, ciudadanos se reunieron en las calles de Jerusalén en defensa de Baharav‑Miara y del sistema judicial. Muchos también protestaron por la ofensiva militar en Gaza, demandando un alto al fuego junto con el respeto institucional.
En días recientes, exfuncionarios de seguridad israelíes han hecho un llamamiento público para presionar al gobierno a detener la guerra en Gaza, subrayando la necesidad de restaurar equilibrios institucionales. Esa presión se suma al contexto interno de crisis democrática.
La crítica internacional no se hizo esperar. La Unión Europea y otros observadores advierten que socavar la independencia de la fiscalía y de la justicia podría aislar al país políticamente.
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