Cinco países latinoamericanos votaron a favor de la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos antes y durante el último conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que cesó hace una semana.
La decisión de crear la comisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países y al inicio de la cual la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los misiles lanzados por Israel para defenderse de los ataques del grupo terrorista palestino pueden constituir crímenes de guerra.
La resolución recibió 24 votos a favor y 9 en contra, y hubo 14 países que se abstuvieron. Cinco países de América Latina votaron a favor: Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. Ninguno de ellos condenó los ataques de Hamas.
Europa no tuvo una posición única, Alemania y Austria rechazaron la resolución por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades del grupo terrorista Hamas (que gobierna de facto Gaza desde 2007), que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los once días que duró el conflicto, mientras que Francia prefirió abstenerse.
Bachelet dijo por su parte que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como “Cúpula de Hierro” y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras que los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de “vergonzosa” la decisión, diciendo que era “otro ejemplo de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
La resolución “describe como la ‘parte culpable’ a una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados con cohetes. Esta parodia se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo”, dijo el primer ministro.
Mandato
La resolución aprobada hoy encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos, sino desde el 13 de abril. Ese día, según el diario The New York Times, un grupo de policías israelíes entró en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén para cortar los cables de los altavoces que transmitían las oraciones desde los minaretes y evitar que así el sonido tapara el de un discurso conmemorativo que se iba a pronunciar en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo y situado al pie mismo de la conocida como Explanada de las Mezquitas, en el mismo complejo.
Posteriormente empezaron las protestas contra el desalojo de familias palestinas que vivían en Jerusalén Este, que las fuerzas de seguridad israelíes intentaron dispersar.
La resolución encarga a la comisión por crearse que registre y preserve toda la información que encuentre y que pueda servir de prueba en eventuales procesos legales, que identifique a los responsables de las violaciones y que recomiende medidas que podrían servir para hacer justicia.
Asimismo, pide a los Estados que se abstengan de transferir armamento cuando exista el riesgo de que éste pudiera ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.
Antecedentes de otras comisiones
Esta no es la primera vez que el CDH crea una comisión para investigar las consecuencias de una escalada de violencia entre Israel y Palestina.
El CDH decidió en marzo de 2018 enviar con carácter de urgencia una misión para investigar las supuestas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la “Gran Marcha del Retorno” en Gaza.
Cuatro años antes, el mismo CDH constituyó una comisión para que investigara los hechos en torno a la operación militar israelí “Margen Protector”.
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