Era el local de moda entre los jóvenes que acudían en días laborables de Zaragoza para beber y bailar en un sótano. Flying, una discoteca que había tenido varios cambios de nombre e intentaba renovar su público, sufrió un sábado de hace 30 años una de las jornadas más trágicas de la historia reciente de la ciudad.
La sala, algo pequeña en comparación de otros locales en el barrio La Magdalena, había reunido a cerca de 130 personas, según la recaudación de la jornada (un estimado de 60.000 pesetas). Un tercio de ellas no salió con vida.
Con fama reciente de vínculos con la trata de mujeres, los organizadores buscaban un cambio de imagen y promovían la presentación de orquestas. El público, no tan adolescente, intentaba disfrutar del grupo “Imágenes”, pero ya había señales de que algo no estaba bien.
El cantante Benito Gómez, el único miembro de la orquesta que sobrevivió, explicó que no estaban actuando por unas fallas en el suministro eléctrico. En ese momento, se había alejado del escenario.
La hora marcaba cerca de las 2 de la madrugada del domingo cuando se comenzó a sentir un olor a quemado, cada vez más intenso. Poco después, el humo y el caos.
Los primeros reportes apuntan a un cortocircuito del tablero eléctrico, ubicado junto a las escaleras. Además, hubo acusaciones por una posible demora entre la detección del problema y la alerta general para la evacuación, que desperdició minutos claves que podrían haber salvado vidas. Caídas, gritos y víctimas aplastadas marcan el camino frustrado hacia la única salida posible.
En principio, se barajó la posibilidad de un envenenamiento por ácido cianhídrico, producto de la combustión, según declaró el entonces delegado del Gobierno en Aragón, Carlos Pérez Anadón.
No fueron las llamas ni el ácido. "Las víctimas no sufrieron quemaduras de gravedad”, aclararon las autoridades. El enemigo invisible fue el monóxido de carbono, según confirmaron posteriormente los estudios.
“Estoy hundido, en cuestión de unos minutos he perdido a mis seis compañeros y sólo me he librado yo”, relataba el cantante Gómez a los reporteros en la calle. Los vecinos describieron el lugar como “una ratonera”. Estimaciones apuntan que había entre 80 y 90 asistentes cuando ocurrió la tragedia: murió cerca del 50% de los presentes.
El gobierno local aseguró que los bomberos llegaron al lugar en solo 8 minutos, pero no había gran incendio que extinguir. El operativo contra el fuego duró menos de 20 minutos y la atención se centró en el rescate de los heridos que luchaban por su vida.
El epicentro del dolor fue el instituto Anatómico Forense, adonde se llevó la mayoría de cuerpos para el reconocimiento por parte de los familiares. Alrededor, el comentario más repetido de los amigos, asiduos de la discoteca, era la estupefacción de haber estado al borde de la muerte: “Me podría haber pasado a mí”.
Las escenas eran desgarradoras. Una niña de 12 años llegó al lugar y confirmó la muerte de sus dos padres. A su lado, otros deudos intentaban buscar fuerzas entre su propio dolor para consolar a la menor.
Pero el caso más impactante fue el de una niña de seis años y su hermana de apenas 15 días, hijas del baterista del grupo: en la tragedia perdieron a sus padres y a dos de sus abuelos.
Los deudos y sobrevivientes llevaron sus reclamos a los tribunales durante 25 años, sin mayores resultados. Lo intentaron en cada jurisdicción posible (penal, civil y contenciosa-administrativa), pero se encontraron con fallos adversos y resarcimientos que nunca se materializaron.
En 1992, el primer juicio no halló culpables. Un año después, tras una apelación, el administrador de la discoteca, Francisco Lacruz, fue hallado culpable, señalado por no haber dado la voz de alarma. Posteriormente, los jueces fijaron una indemnización estimada en 60.000 euros por cada víctima mortal y más de 200.000 euros para una mujer que quedó con graves secuelas. Pero Lacruz ya había muerto sin pagar lo adeudado y la justicia nunca persiguió a sus herederos legales.
Por su parte, Faustino Martínez, dueño del local, fue declarado responsable civil subsidiario. Pero una década después del juicio, tras los persistentes reclamos de los familiares, fue condenado por insolvencia fraudulenta: había desviado sus fondos para eludir los pagos. Y el asunto penal quedó cerrado.
La esquina donde ocurrió la tragedia hoy lleva pocas huellas de lo que fue
Ante la falta de resultados, los damnificados optaron por ir contra el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés, señalados por una inadecuada fiscalización de las instalaciones. Sin embargo, las administraciones negaron su responsabilidad y en 2014 la justicia les dio la razón. Fue el último golpe para las víctimas.
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