
Amnistía Internacional en México envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que la ONG “lamentó” las declaraciones que dio el mandatario el pasado 13 de abril sobre el reporte emitido por el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Cabe señalar que una de las principales recomendaciones al gobierno mexicano fue no militarizar más al país y regresar al Ejército a los cuarteles, además de convertir a la Guardia Nacional (GN) en un mando civil, como fue planteado desde un inicio.
Sin embargo, López Obrador aseveró: “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad”, dijo el mandatario en su conferencia matutina al respecto.

Es por eso que la organización solicitó una reunión para exponer la situación y los riesgos que, según acusan, trae consigo la participación el reforzamiento militar en el país.
“Lamentamos su opinión en torno a que el Comité no actúa con “apego a la verdad” así como su afirmación de que “ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”.
Y es que ese mismo día el presidente negó que en su administración se hiciera uso de las fuerzas armadas en contra de civiles. Sin embargo, la realidad documentada por organizaciones independientes no corresponde con las declaraciones:
En este sentido, Amnistía Internacional junto con ARTICLE 19 y representantes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron un encuentro presencial con el presidente:

La militarización
De acuerdo con el documento emitido por la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina por haber efectuado violaciones graves a los derechos humanos, entre las cuales se encuentran 15 sobre desaparición forzada.
También menciona que en el año 2021, la Sedena y la GN fueron reconocidas entre las 10 autoridades con frecuentes señalamientos en los registros de presuntas violaciones a los derechos humanos presentados por la CNDH.
En hechos más recientes, apenas el 27 de abril, un agente de la Guardia Nacional asesinó de un disparo en la cabeza a un estudiante de la Universidad de Guanajuato e hirió a una alumna más en Irapuato. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, confirmó la pertenencia del agente a la Guardia Nacional y condenó las agresiones por el uso desproporcionado de la fuerza.
“Las autoridades de cualquier nivel tenemos la responsabilidad de construir la paz y confianza con la ciudadanía, acompañaremos y daremos total apoyo a sus familias para que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia” comentó. El Ejecutivo estatal instruyó a la secretaria de Gobierno, Libia García, para acudir en apoyo a familiares de las víctimas.
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