Emilio Lozoya planea pagar en plazos la reparación del daño causado a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados, en montos que ascienden a 3.4 millones de dólares, y así librar la prisión preventiva por los casos de supuesta corrupción en que está involucrado.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex director de Pemex, aseguró que esta misma tarde contactará con la petrolera mexicana para presentar una propuesta de acuerdo reparatorio. La defensa del ex funcionario declaró a la prensa que solicitará un encuentro con la Empresa Productiva del Estado a través de su titular, Octavio Romero Oropeza, o aquellos funcionarios designados para negociar.
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El litigante planteará que sea establecido el mecanismo alternativo de solución de controversias y se entregue una casa valuada en 3.4 millones de dólares. Esto incluye que sea resarcido el daño a la nación mediante un esquema de abonos de dos o tres años.
Esto, luego de que el juez Artemio Zúñiga Mendoza mantuviera la medida cautelar a Lozoya Austin por el caso Odebrecht y, de igual manera, determinara dejar tras las rejas al acusado en el proceso de Agro Nitrogenados. La autoridad judicial determinó que procedía la misma decisión por lógica, pues el ex funcionario ya se encontraba en un centro penitenciario.
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Según el representante legal, los bienes también incluirán recursos económicos aportados por la familia para garantizar que Lozoya enfrente su proceso en libertad y pague por malversar fondos públicos en la adquisición de la planta chatarra.
Los allegados al ex director de Pemex podrían pedir un crédito en caso de que las casas no sean suficientes para la Fiscalía General de la República (FGR). Aunado al posible convenio con la dependencia federal se apelará la resolución del juez que decidió la prisión preventiva justificada en Agro Nitrogenados, como ya se hizo con el proceso de Odebrecht.
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“El señor Lozoya Austin está colaborando con la fiscalía, si esto es así, no hay razón para privarlo de la libertad”, se quejó el abogado.
Ontiveros Alonso dijo que su cliente siempre ha estado a disposición de las autoridades, que no ha cambiado su postura para denunciar a otros políticos o empresas y que sostendrá sus declaraciones ante un Tribunal cuando eso sea requerido. Añadió que Lozoya solo señala a los verdaderos beneficiarios finales de los sobornos otorgados en el marco de la reforma energética en 2013 y por la campaña electoral de 2012.
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De ahí que la FGR debería tratarlo como un testigo colaborador y no mantenerlo encerrado para aportar hasta las últimas consecuencias. Cabe recordar que el Ministerio Público Federal cambió el trato con el ex funcionario luego de que éste se exhibiera cenando en un restaurante de lujo, lo cual desató críticas sobre la impunidad del caso.
Una vez que se aporten y acepten las garantías de reparación que ascienden a cinco millones de dólares y el acusado presente elementos para la persecución de otros actores en determinados delitos solo quedaría que se le suspenda el ejercicio de la acción penal, según el defensor.
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Mientras tanto, Emilio Lozoya se encuentra saludable dentro del Reclusorio Norte, está bien, fuerte, muy tranquilo y convencido de que obtendrá su libertad al cooperar con las instituciones.
En el desarrollo de su comparecencia, el ex funcionario se declaró inocente de haber autorizado comprar el complejo en estado de chatarra, pero aún así busca reintegrar los fondos malversados a la Hacienda Pública. Según las investigaciones, la planta fue adquirida a sobreprecio y entre corruptelas que favorecieron a la empresa AHMSA de Alonso Ancira.
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Vestido con el uniforme de la prisión, Lozoya Austin tomó la palabra e indicó que nunca se benefició de fondos ilegales y solamente fue utilizado por superiores jerárquicos en la administración pública encabezada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Lozoya Austin fue acusado de recibir 3 millones de dólares en sobornos a cambio de impulsar la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados. Algo que ocurrió en 2014, cuando la empresa productiva del Estado pagó 475 millones de dólares por una planta que valía USD 58 millones, según los avalúos.
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