La detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de narcotráfico, demostró hasta qué punto el crimen organizado ha penetrado en las instituciones estatales.
A nivel local algunas regiones del país también han comenzado a percibir a los narcos como alternativas al gobierno, a sus instituciones e incluso al estado de derecho. El desafío se agrava aún más si se toma en cuenta la corrupción política imperante, los sistemas legales débiles y mal financiados, así como la falta de control estatal sobre el territorio y las políticas de apaciguamiento del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
No es casualidad que los narcos mexicanos hayan imitado la táctica que utilizó Pablo Escobar para intentar controlar los territorios de su país, tanto a través de medios militares e intimidación como mediante la captura y corrupción del Estado.
Sin embargo, según un análisis de Real Clear Defense, el extinto Cártel de Medellín de Escobar solo experimentó una primera etapa de aquel desarrollo, pues ahora los cárteles mexicanos lo han superado en cuanto a sofisticación, proximidad geográfica a los Estados Unidos y alcance global. El caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un ejemplo notorio, pues se ha infiltrado dentro de EEUU y tiene centros de distribución en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta. Mientras que en México tiene presencia en 24 de los 32 estados que conforman la república y desafía tanto la autoridad del estado como su capacidad para gobernar.
Los últimos golpes fuertes que ha dado el CJNG han sido el ataque contra el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch (quien irónicamente acaba de ser vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), y el asesinato de un Juez Federal.
De hecho, el CJNG, al igual que la ex insurgencia de las FARC con la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) responsable de la capital de Bogotá, ha creado unidades especiales para penetrar y desestabilizar la Ciudad de México.
En México, AMLO liberó al hijo de El Chapo el mismo día que las fuerzas armadas habían ejecutado un operativo para capturarlo, y en Colombia, Pablo Escobar recibió un trato especial del gobierno en la década de los ochenta.
Durante la pandemia del COVID-19, el CJNG distribuyó víveres en cajas etiquetadas con su nombre en al menos 18 localidades de México. En la década de 1980, Pablo Escobar y el cartel de Medellín construyeron casas para los pobres. Ambas organizaciones se apoyaron en la misma estrategia social, que se asemeja a los cupones de alimentos del gobierno o la vivienda social, y por lo tanto, intenta construir legitimidad y apoyo entre las poblaciones.
Últimamente el poder de estas organizaciones mexicanas se ha extendido hasta Colombia, donde se han apoderado del negocio de las drogas y se han extendido por toda la nación andina. Hay al menos 35 cárteles en México, y en Colombia, sus dos más poderosos, el CJNG y el Cartel de Sinaloa, tienen un papel dominante.
La desmovilización de las FARC creó ciertos vacíos de poder, y a su vez facilitó una intervención más profunda de los narcos mexicanos. El resultado es que ahora pueden saltarse los intermediarios y tratar directamente con los campesinos que cultivan la coca.
Los mexicanos controlan ahora todo el proceso, se dedican al lavado de dinero y construyen laboratorios, todo en Colombia. Ahí también se han trasladado las guerras que mantienen los cárteles en territorio mexicano.
Hace diez años, algunos analistas rechazaron el Plan Colombia para México, argumentando que históricamente hablando el estado mexicano tenía una fuerte presencia en todo el país y gran parte de la violencia se estaba produciendo en los centros urbanos. Sin embargo, los cárteles están diseminados por toda la república, incluso en áreas rurales y locales, donde su poder ha superado a las autoridades locales.
Sin embargo, a través de una serie de políticas en Colombia, el gobierno creó una red de más de un millón de informantes esenciales para la inteligencia militar, desplegó unidades especiales de contraterrorismo en los centros urbanos y en las fronteras y construyó bases militares en regiones estratégicas. Las políticas sociales también intentaron restituir tierras e indemnizar a las víctimas. En esencia, el objetivo era aumentar la maquinaria militar y brindar seguridad a la producción industrial, los centros de población, las vías de comunicación y la seguridad social a los ciudadanos del país, algo que ha estado ausente desde siempre en México.
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