La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 2 de junio fue desaparecer los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que dependencias públicas son responsables. Los cuales representan más de 700,000 millones de pesos.
Bajo dicha característica en la Secretaría de Educación Pública (SEP) existen 22 fondos y fideicomisos susceptibles a desaparecer, porque no tienen una estructura. Son recursos que se destinan para becas de estudiantes de educación superior, a investigación, el sistema de educación de bachillerato a distancia.
En relación con los fideicomisos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, especialistas en política educativa consideraron que pueden ser fiscalizados sin necesidad desaparecerlos.
Ana Razo, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), indicó para El Universal que existen más consecuencias negativas que positivas en la desaparición de los fideicomisos, pues si bien existió opacidad o medidas discrecionales en algunos casos, no era una generalidad.
Puntualizó que el error está en la aplicación de la ley para fiscalizarlos, por lo que se debe sancionar a las personas que incurrieron en irregularidades, no desaparecer el esquema. “No es que se diseñara este esquema para desviar recursos, por eso tenemos que aplicar la ley”, acotó Ana Razo.
En el caso del Fideicomiso Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta, son recursos destinados para la atención de la población que no ha concluido ese nivel educativo en sistema escolarizado, como es el caso de personas con discapacidad, personas que trabaja o que viven en zonas donde no existe la cobertura para continuar con ese grado escolar y es un ejemplo de los fideicomiso que desaparecieron.
Fue el 2 de abril por la tarde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el que se indicó que “el día 15 de abril el presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos que forman parte de los fideicomisos”.
En el documento se menciona que “los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, en conformidad con las disposiciones aplicables”.
Miguel Ángel Vértiz Galván, investigador especializado en política educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), explicó que si bien hay caso en los que no existían mecanismo de rendición de cuentas para la operación y administración de los fideicomisos, también hubo otros, como el del Colegio de México y el CIDE, que fueron fiscalizados por entes colegiados.
Uno de los argumentos para la desaparición de los fideicomisos fueron las prácticas relacionas con desvío de recursos o corrupción. Los recursos recabados serán destinados para la reactivación económica y acciones relacionas con la atención de la emergencia sanitaria.
“El gobierno federal no ha analizado las buenas prácticas ni una propuesta de regulación para su transparencia y rendición de cuentas. Lo que está haciendo es retirar una importante cantidad de recursos de la ciencia y la innovación del país hacia otras actividades. No queda claro hacia dónde va ir ese dinero”, expuso Vértiz Galván.
Y ante la falta de una regulación, comentó que se está pasando de un mecanismo opaco a otro aún más.
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