La Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia que vigila y sanciona al resto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ordenó este jueves que, salvo excepciones, el gobierno federal deberá reducir a la mitad su gasto de operación para enfrentar la epidemia de coronavirus en el país.
“Con fundamento en la Ley Federal de Austeridad Republicana, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó a los titulares del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México sobre la necesidad de reducir en al menos 50% el gasto asignado a servicios generales y de operación”, indicó la SFP en un comunicado.
Este movimiento, añadieron, se realizó en función de lo instruido por López Obrador. Y es que el domingo pasado, durante un discurso donde dio a conocer el plan para reactivar la economía frente a la pandemia provocada por el COVIDF-19, el mandatario mexicano insistió en la reducción del gasto en su gobierno.
El mandatario adelantó que aplicará con más rigor la llamada “austeridad republicana” y por lo tanto bajará los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del mismo presidente.
“En esta crisis transitoria a cada quien le toca hacer su parte”, señaló el tabasqueño. Las medidas económicas del gobierno también incluyen la reducción del gasto de publicidad, partida de viáticos y gastos de operación.
Pero, a pesar de la intensificación de una de sus políticas más emblemáticas, el presidente destacó que “no habrá despido de trabajadores al servicio del estado en ningún nivel”, pero sí se les demandará “más eficiencia, entrega, espíritu de servicio y honestidad total.”
López Obrador también destacó que, a pesar de la depreciación del peso frente al dólar, su gobierno hará “hasta lo imposible” para no aumentar la deuda pública, un ligero cambio de retórica frente a otras declaraciones recientes donde descartaba tajantemente la posibilidad.
La Función Pública, por su parte, detalló este jueves que “la medida tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19”. Atendiendo la situación excepcional por la que atraviesa el país, expuso que se deben aplicar medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la administración.
Sin embargo, detalló, las medidas informadas no aplican para las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que están atendiendo la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno mexicano.
Además, las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos. “En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, destacaron.
Las medidas deberán enfocarse “preferentemente” en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
En el Poder Ejecutivo, haciéndose eco del mensaje de López Obrador, los senadores de Morena, el partido del presidente y con mayoría en ambas Cámaras, propusieron también un plan de austeridad para obtener recursos en el combate a la epidemia de coronavirus en el país donde se eliminarían los aguinaldos de los legisladores y se reducirían hasta la mitad los salarios y las subvenciones de los distintos grupos parlamentarios.
De acuerdo con Monreal, el plan contempla varias acciones iniciales para combatir la crisis económica derivada de la llegada de la epidemia al país. La más destacada es la eliminación del aguinaldo para “senadoras, senadores, servidoras y servidores públicos de mayor rango y percepción salarial”.
Además, se propone reducir dietas para los legisladores de un 30% al 50%, así como el sueldo de los servidores públicos de mayor rango y percepción salarial, y por último la reducción de las subvenciones a los grupos parlamentarios en un 50 por ciento.
También plantea eliminar el total de reuniones internacionales, interparlamentarias, foros y convenciones en el extranjero y en el interior del país, además de todo gasto para arreglos de inmuebles o muebles, adquisición de materiales o instrumentos que no sean los indispensables para el trabajo ordinario del Senado.
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