
La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma al Código Penal Federal que aumenta las penas a quienes cometan el delito de violencia familiar, por lo que el castigo máximo pasaría de tres hasta siete años de prisión, y fue enviado al Senado para su discusión y eventual aprobación.
El Pleno de la Cámara Baja votó abrumadoramente a favor de la modificación: 431 lo hicieron de manera positiva, sin abstenciones y con un voto en contra, para aprobar el dictamen que reforma los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal.
Por lo tanto, las penas saltarían de mínimo seis meses y máximo cuatro años hasta mínimo tres años y máximo siete, casi el doble que el castigo más duro previsto hasta ahora.

El dictamen señala que las penas actuales “no han logrado su objetivo total de prevenir la comisión de este tipo de hechos”. “Se estima que la previsión legal de la pena, como su imposición judicial y ejecución, no están cumpliendo con su función”, explicaron.
Además, se indica que también se sancionará con tres a siete años de prisión a la equiparación de la violencia familiar. En su fundamentación, la diputada María Teresa López Pérez, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, mencionó que de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66.1% han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.
Estimó que ante la creciente incidencia de este delito y la lesividad que trae consigo para la vida de las mujeres, es necesario endurecer las penas de prisión previstas para el delito de violencia familiar, así como la conducta equiparada.

La diputada independiente Ana Lucía Rojas, en cambio, la única en el recinto que votó en contra de incrementar las penas, le dijo a Infobae México que “la solución no es amenazar a las personas con el castigo, sino ir a las causas de la violencia en todos los ámbitos”.
Además, puntualizó que “las prisiones están sobrepobladas y no contribuyen a la reinserción social” e incluso, “orillan a las personas reclusas a involucrarse con grupos delictivos a los que son sometidos incluso al salir de las prisiones”.
Riojas calificó la propuesta como “populismo punitivo”, el cual “sólo pretende mostrar una solución simple a un problema complejo con la mera reforma de normatividad penal”.
Y es que no es la primera vez en este periodo de sesiones en que los diputados aprueban aumentos punitivos. Hace un par de semanas, aprobaron el dictamen para reformar el Código Penal a nivel federal para poder incrementar las penas máximas a quienes cometan el delito de feminicidio.

El Pleno de Cámara Baja aprobó, en lo general y en lo particular, con 415 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones, y el proyecto fue enviado al Senado de la República, donde deberá ser analizado, modificado y eventualmente ratificado para que la sanción sea completa.
El dictamen indica que se incrementan las penas máxima de prisión de 60 a 65 años a quienes cometan el delito de feminicidio y establece que la mínima será de 45 años, en lugar de los 40 que ahora mismo están marcados. Además, se endurecen también las sanciones por el delito de abuso sexual contra menores a 15 años de edad, con una pena máxima de 18 años y una mínima de 10.
Además de la aprobación en Diputados de penas más duras para feminicidas, un grupo de diputadas federales de todas las fuerzas políticas se reunieron con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para acordar la presentación de una propuesta en los próximos días que homologue el tipo penal de feminicidio en todos los estados.
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