
De manera similar a otros gobiernos que se atribuyen de manera excluyente la representación de lo que llaman el “verdadero pueblo”, el presidente López Obrador inició desde el inicio de su gestión la captura de órganos autónomos que pudieran serle de contrapeso. Sin embargo, y al contrario de otros países, se está llevando a cabo por rotación de titulares, sea por rotación normal o chantaje. El último caso fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ahora el riesgo de captura se cierne sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).
En las próximas semanas se renovarán cuatro integrantes del Consejo General, de un total de once. Si consideramos que actualmente Morena y aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados necesaria para aprobar cada nombramiento según sus intereses, el partido podría influir en decisiones importantes rumbo a las elecciones intermedias de 2021.
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Aunque la oposición busca presionar para que se designen personas “independientes”, la propuesta en el fondo es falaz: ingresarán a esos cargos personas que tienen la ambición para ese cargo y cuando mejor ha funcionado ese órgano es cuando hay una participación de todos los partidos en las designaciones, de tal forma que se llegan a tomar decisiones colegiadas.
¿Qué puede pasar? En la medida que ningún partido ha hablado claro sobre la conveniencia de que haya equilibrios en el Consejo General, han difundido la idea de la “independencia” de los consejeros, sea lo que eso signifique al momento de tomar decisiones políticas. Si la discusión se fundamenta en una idea tan moral y abstracta, basta con que una persona con la suficiente credibilidad ante un sector mayoritario de la sociedad acredite la moralidad de los designados. Y esa persona hoy se llama Andrés Manuel López Obrador.
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¿Qué podría hacer la oposición? Una campaña proactiva: hablar de perfiles idóneos y sus cualidades personales. Resaltar la necesidad de equilibrios y hablar sobre los riesgos reales de una captura. Ayudaría presentar reformas para corregir los excesos en que han incurrido las leyes electorales, como el sistema de financiamiento público para partidos, reglas de comunicación política restrictivas y una sobrerregulación que ha llegado hasta el absurdo. Quizás de esa forma podrían negociar uno o dos de los asientos a renovar. Pero lo cierto es que la oposición a ultranza termina favoreciendo al gobierno, en un momento donde imperan las emociones sobre la racionalidad.
Sin embargo, al parecer la oposición nada ha aprendido de julio de 2018 a hoy. Al nombrarse un comité técnico para evaluar a los candidatos a consejeros electorales, la CNDH propuso a John Ackerman, ferviente simpatizante del gobierno, miembro de los órganos de formación de Morena y esposo de la secretaria de la Función Pública como uno de sus integrantes. Ciertamente una persona de siete podría generar ruido, pero no podría influir demasiado en los dictámenes técnicos que se emitieran. Tampoco, si realmente se busca, los otros seis integrantes podrían ser “puros” para alguna u otra fuerza política. Y la Cámara de Diputados, controlada por Morena, terminó acreditando su perfil, de tal forma que el pasado 28 de febrero asumió funciones.
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¿Qué hicieron la oposición y anexos? Reaccionar a través de declaraciones, artículos y hashtag en redes sociales, de tal forma que reafirmaron a Ackerman ante los simpatizantes del presidente y su partido. Además, seamos honestos: ¿qué fortalece puede transmitir una posición, sea cual fuere, que busca silenciar a quien la contrasta en lugar de planear alternativas y convencer?
Así como van los demás partidos, quizás la autonomía del INE es una lucha perdida más, lo cual deteriorará más la calidad de nuestra democracia.
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*Politólogo y analista político
Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio
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