La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiará el caso de un menor inmigrante no acompañado que solicitó asilo en México y definirá las responsabilidades del gobierno mexicano, así como posibles omisiones en el proceso para que el joven pudieran obtener la protección del país al que llegó.
En su sesión de este miércoles, la Primera Sala del máximo tribunal en el país, determinó “conocer de un asunto relacionado con diversas omisiones atribuidas a autoridades en materia migratoria, relativas a la sustanciación de un procedimiento para la obtención de asilo solicitada por un menor de edad, migrante, no acompañado”.
Y es que el menor de edad que viajaba sin compañía de un adulto demandó al Instituto Nacional de Migración (INM) por no cumplir con una observación emitida con fundamento en la Convención sobre los Derechos del niño sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familiar fuera de su país de origen.
La Primera Sala de la Corte definirá si se puede establecer que las autoridades mexicanas se encuentran obligadas a lo establecido en dicha observación, “ello aún y si esas disposiciones –cuya naturaleza, además, es de recomendaciones– no han sido adoptadas en sus términos por la legislación interna del Estado mexicano”, detallaron.
La Suprema Corte también adelantó que la solución de este amparo, que estudiarán en las próximas semanas, “permitiría definir quiénes son las autoridades administrativas competentes para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los menores de edad (niñas, niños y adolescentes) migrantes, no acompañados, solicitantes de asilo, que se encuentren dentro de territorio nacional”.
Por último, la decisión también podría definir si existe o no, durante el proceso del juicio de amparo, la obligación de alguna de las partes de proba la existencia del acto que se reclama cuando sea “de naturaleza omisiva”, es decir, no legislativa, y las eventuales omisiones durante el proceso.
En los últimos meses, el gobierno mexicano ha endurecido radicalmente su postura migratoria. Todo comenzó cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su vecino del sur con imponer aranceles a todos sus productos en caso de que no disminuyera el flujo migratorio, sobre todo de ciudadanos centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, que llegan a la frontera entre norte de México para pedir asilo en el país de las barras y las estrellas.
Entonces, la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometió, para desactivar una posible guerra comercial, a reforzar sus fronteras, sobre todo la del sur, con la Guardia Nacional, una corporación que entonces acaba de ser creada y cuyos críticos señalaban que era una forma de militarizar al país.
El flujo migratorio centroamericano se redujo a partir de entonces de manera importante. Sin embargo, las críticas contra la política migratoria de López Obrador no han cesado, ya que en su intento por evitar que personas extranjeras ingresen al país, ha causado diversos enfrentamientos en los últimos meses entre autoridades migratorias, Guardia Nacional y migrantes que buscan atravesar México de cualquier manera para poder llegar a territorio estadounidense.
En julio de 2019, el gobierno mexicano había presentado un protocolo para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados que se encuentran en el país sin acompañamiento, después de las duras críticas por las duras condiciones de los menores en albergues migratorios, situación que ha sido denunciada incluso por legisladores de Morena, el partido de López Obrador, en las últimas semanas.
En una conferencia de prensa, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, expuso que el protocolo consta de cuatro etapas que van desde la detención hasta la reintegración familiar y social de los infantes.
El llamado “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes solicitantes de asilo y refugiados en México” llegó después de la polémica suscitada tras denuncias de entidades civiles por la forma de atender a los menores en los centros migratorios.
Sin embargo, hasta ahora la situación no ha cambiado en ese sentido. La decisión de la Corte, en caso de fallar en favor del menor inmigrante no acompañado, podría arrojar luz a los procedimientos, responsabilidades y omisiones que ha cometido el gobierno mexicano en este tipo de casos.
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