Judicializados cinco presuntos colaboradores de las Autodefensas Gaitanistas en Casanare

La Fiscalía Seccional Casanare logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Posso Giraldo, Eugenio Claros Alomia, Luz Almeida Piñeros Parra, José Humberto Melo Marín y Jhon Jairo Charrupí, que según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, serían presuntos colaboradores del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.

Las investigaciones permitieron conocer que este grupo de personas, al parecer, sería el responsable del control de las acciones ilícitas que desempañaban las AGC en los municipios de Villanueva, Maní y Aguazul en el departamento del Casanare; como también, en los municipios de Cabuyaro, Barranca de Upía y Puerto López en el departamento del Meta.

La Fiscalía también se encuentra investigando la posible participación de los capturados en casos de homicidio, extorsión y en la realización de campañas panfletarias a favor de las AGC.

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Durante las operaciones de capturas llevadas a cabo en varios municipios de los departamentos de Casanare y Meta, se logró la incautación de una motocicleta de alto cilindraje, seis millones de pesos en efectivo y seis equipos celulares.

Ante un juez con función de control de garantías un fiscal imputó a las cinco personas por el delito de concierto para delinquir, cargo que no aceptaron. El juez acogió las solicitudes del ente acusador de legalizar las capturas, las incautaciones y dictar medida intramuros contra los capturados.

Tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, reconocido como el líder del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia declararon un paro armado que duró cinco días y que confinó a la población civil en once departamentos del norte de Colombia.

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En el paro armado que comenzó el 4 de mayo de 2022 y se prolongó hasta el 10 del mismo mes, ciudades como San Onofre permanecieron vacías tras el confinamiento obligatorio de sus pobladores por el anuncio de las AGC.

En este periodo, la Defensoría del Pueblo “monitoreó 170 conductas vulneratorias contra los DD.HH. de la población civil” en 12 departamentos entre las que se encuentran 5 homicidios, 21 amenazas e intimidades, 39 casos de incineración de vehículos y 55 restricciones a la movilidad.

Según el informe, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Sucre y Cesar fueron los departamentos en los que se presentaron la mayoría de las conductas monitoreadas.

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Para Victor Barrera, investigador de la Línea de Construcción de paz y Estado en regiones conflictivas del Cinep/PPP, el paro se produjo en un contexto donde se evidencia el “franco deterioro de las condiciones de seguridad en muchas regiones del país donde el paro armado del ELN ya había dado un campanazo muy fuerte sobre la ineficiencia del Estado y el gobierno actual para responder a las diversas amenazas que existen en el territorio”.

Barrera también comentó que la posibilidad de que el Gobierno desconociera la posibilidad de que un paro ocurriera era muy alta pues el Clan del Golfo “ya había organizado paros con ocasión de la captura de sus cabecillas”.

Para Barrera, durante el paro armado el Clan del Golfo mostró un poder “muy superior del que muchos habían supuesto”, y se evidenció que lo ejerce en zonas rurales “marcadas por una larga historia de debilidad institucional pero también en zonas plenamente integradas a los circuitos económicos y la política nacional”.

Barrera comentó que el Gobierno nacional debe dejar de minimizar la amenaza que significan las AGC y orientar las acciones del Estado a “emprender acciones masivas y coordinadas para combatir cada una de estas facetas, no únicamente perseguir sus cabecillas, que sabemos que es una estrategia que no va a desestructurar ni debilitar drásticamente la organización”.

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