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En las últimas horas, el ministro de la Justicia Néstor Osuna confirmó que el Gobierno Nacional no tiene las intenciones de privatizar el sistema carcelario del país, ni tampoco su vigilancia “ya que es incompatible con la infraestructura carcelaria y, la custodia de las prisiones es del resorte del INPEC”.
En palabras del jefe de la cartera de Justicia, “existe un modelo de privatización al que no le apostamos, por el momento seguirá existiendo un servicio carcelario prestado por el Estado”, indicó Osuna.
Hay que anotar que para el 21 de noviembre fueron citadas por la Corte Constitucional a sesión técnica varias entidades del Estado de nivel nacional y territorial, con la finalidad de resolver el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), y evaluar las distintas problemáticas administrativas, normativas o presupuestales que afectan los derechos de la población privada de la libertad.
Hay que agregar que el pasado 29 de septiembre Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, señaló que los gobiernos no han puesto todo lo necesario para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de hacinamiento en las cárceles y URI.
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Este mismo sábado, Néstor Osuna confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro espera dar un giro en la política de drogas del país y aseguró que:
“El Gobierno del Cambio tiene la idea de reagrupar toda la política de drogas en una consejería que recoja todas las dependencias y competencias dispersas, que permita tener un enfoque de comercio, agricultura y salud pública para el consumo problemático”.
Durante su participación en la charla ‘Cannabis, la mata que muta’, que se desarrolló en el auditorio Hugo Salazar García de la Universidad de Manizales, el jefe de la cartera de Justicia recordó que el Gobierno nacional apoya decididamente el acto legislativo que permite el uso adulto y recreativo del cannabis, el cual quiere descriminalizar.
“Mientras eso ocurre, con los ministerios de Salud y de Agricultura tenemos la voluntad política de revisar los costos para impulsar una expedición de licencias más rápida, menos difícil y con menos trabas”, anotó.
El ministro aseguró que el problema alrededor del cannabis y de la hoja de coca es cultural, de miedo, prejuicios e ignorancia, y que más allá de los argumentos económicos y las evidencias científicas, está la apuesta por la libertad individual.
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También recordó que desde 1997 la Corte Constitucional, en una sentencia con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, despenalizó el consumo de drogas con ese argumento.
“Vivimos en un Estado que confía en la autonomía individual y que sabe que cada persona tiene la autonomía moral y el conocimiento para saber qué le conviene y qué no”, dijo, y añadió “que lo que se debe combatir es el argumento del miedo y la criminalización, el cual infortunadamente, da réditos políticos”.
El jefe de la cartera de Justicia manifestó, sin embargo, que existe una preocupación que hay que tomarse en serio: el consumo excesivo y descontrolado de cannabis, al igual que el de tabaco o alcohol, produce daños a la salud.
“Por ello la regulación del uso de cannabis adulto tiene que venir acompañada de unas políticas sólidas, convincentes y eficientes de salud pública para evitar y resolver los problemas del consumo problemático”, finalizó el funcionario.
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