Así será el plan a 10 años con el que el Gobierno busca frenar la deforestación en Colombia

La ‘Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’ fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y social (Conpes) con el objetivo de implementar estrategias transectoriales para el control de la deforestación y la gestión de los bosques e impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario. Además, 40 entidades de 13 sectores públicos participaron en la creación de este plan a 10 años.

Desde la ciudad de Leticia, el presidente Duque anunció la aprobación del documento, en compañía del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las estrategias tienen como foco principal 11 núcleos de alta deforestación en 150 municipios y considerados como los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en el país. La política pública es a corto, mediana y largo plazo “con el objetivo de proteger, de manera estructural, la biodiversidad”, sostuvo Duque, y hace parte de la meta propuesta para disminuir, en un 51%, las emisiones de gases de efecto invernadero, “esto implica que tengamos la mayor reducción histórica de la deforestación en el país”. Además, se fijaron las tareas para todas las entidades del gobierno.

Dada la naturaleza de las problemáticas, fue necesario un análisis sistémico de las causas directas y subyacentes que inciden en el uso del suelo y la pérdida de bosques. Así, fue posible identificar las acciones a desarrollar de manera articulada entre los sectores y las comunidades y establecer cuatro ejes estratégicos a desarrollar: consolidar alternativas productivas sostenibles que incidan en el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola; fortalecer los mecanismos de articulación y gestión transectorial para la efectiva reducción de la deforestación y gestión de los bosques; ejercer control territorial y la reducción de las dinámicas ilegales que impulsan estas prácticas ilegales; y reforzar los sistemas de monitoreo y seguimiento para una administración eficiente del recurso forestal.

Además, se reconocen los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, como la captura y almacenamiento de carbono; la regulación climática; el mantenimiento del ciclo del agua; la purificación hídrica; la mitigación de riesgos naturales, entre ellos, inundaciones o deslizamientos; el hábitat de especies silvestres; los valores culturales que representa en las comunidades étnicas y tradicionales; y la seguridad alimentaria que brindan.

Otro de los propósitos del proyecto es el cumplimiento de la Sentencia Amazónica que declara a esta región como sujeto de derechos y articula los esfuerzos tanto a nivel nacional como regional para contrarrestar las prácticas que atentan contra los bosques y su conservación e intervienen en el cambio climático. En materia de las estrategias de conservación y preservación de los ecosistemas, la política se articula con los principios de crecimiento verde y pago por servicios ambientales. Además, atiende las dinámicas de ocupación y tenencia de la tierra que generan presión sobre el bosque. Asimismo, según el Ministerio de Ambiente, la política responde a los compromisos de Colombia en el ámbito internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las metas del Acuerdo de París y de la Declaración Conjunta de Intención, y el desarrollo del Pacto de Leticia.

Colombia cuenta con el 52% de su superficie terrestre cubierta por bosques y es catalogado como un país megadiverso. Pero, debido a las actividades e intervenciones humanas, se estima que, entre 2000 y 2019 se perdieron cerca de 2.8 millones de hectáreas de bosque natural.