Parlamentarios chilenos exigen investigar el polémico proyecto de cable submarino que busca unir Chile y China

Parlamentarios están preocupados por una iniciativa que podría alejar a Chile del mapa regional. A inicios de julio del año pasado, la Inchcape Shipping Services (ISS), una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos del mundo, presentó a la empresa Puerto Valparaíso los avances que se han llevado a cabo en el proyecto Chile–China Express (CCE), iniciativa secundada por el gobierno de Gabriel Boric que busca unir mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong.

Con velocidades -supuestamente- de hasta 16 terabits por segundo, dicho proyecto significaría un “salto cualitativo“ ofreciendo mayor velocidad, fiabilidad y una reducción en los costos asociados a la transmisión de datos, posicionando a Chile como un hub digital en la red global de telecomunicaciones, de acuerdo a sus promotores.

En dicha reunión, Víctor Oelckers, gerente general de ISS, sostuvo que el Chile-China Express (CCE) es también fundamental para la autonomía digital de Chile, pues “hoy día los únicos cables que tenemos de fibra óptica submarina para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso de que le pasara cualquier cosa a esos cables”.

Por ello, “nos juntamos con la empresa Puerto Valparaíso primero para darles a conocer el proyecto, y segundo para obtener la experiencia que ellos tienen respecto a las pertinencias y las concesiones que se deben considerar para definir el mejor punto de aterrizaje o ”landing" del cable para conectarse con la red existente en tierra en Chile”, complementó Oelckers, según consignó el sitio especializado Portal Portuario.

Sin embargo, lo cierto es que el Chile–China Express (CCE) ha avanzado con bastante secretismo, a diferencia del Cable Humboldt, desarrollado también por el gobierno de Chile en conjunto con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.

El Humboldt, cuyo trazado conecta Valparaíso con Sidney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente con cronograma -se espera esté operativo en 2027-, una inversión que va en un rango de USD 300 y 550 millones y socios claramente identificados.

En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales, y ningún anuncio por parte del gobierno.

El problema radica en que el Chile–China Express no es un cable cualquiera, sino un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica. En paralelo, desde 2017 China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia y establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.

A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.

En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express, por lo que la naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. En resumen, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.

Debido a esto, parlamentarios de oposición chilenos alzaron la voz calificando el proyecto como “incómodo” y exigieron que el nuevo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, lo “corrija con urgencia”, tal como lo manifestó el senador por la Región de Magallanes, Alejando Kusanovic, quien fue el primero en levantar las alarmas.

Un proyecto incómodo

A fines de julio de 2025, el senador Kusanovic publicó una columna en el medio El Líbero titulada “Un proyecto incómodo“, en la que advirtió las implicancias geopolíticas y estratégicas del Chile–China Express, sobre todo “en los meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación irresponsable con Estados Unidos, vínculo que Chile tradicionalmente ha cuidado por razones de interés nacional y de estabilidad en su política exterior"

Kusanovic recordó que en 2017, el gobierno chino y empresas estratégicas de ese país invitaron al entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, a visitar instalaciones de una reconocida firma tecnológica, gesto que significó “una señal de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno”.

A renglón seguido, el parlamentario llamó a “evitar cualquier atisbo de injerencia extranjera en nuestras decisiones estratégicas”, pues “los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos que, dependiendo de quién los controle, permiten acceder a información sensible, ejercer vigilancia, operar como sensores y proyectar poder (...) En un mundo tensionado entre China y Occidente, Chile no puede transformarse en terreno de disputa.

El legislador también criticó la exclusión de Isla de Pascua y del archipiélago Juan Fernández del trazado del cable Humboldt, proyecto originalmente pensado para conectarlos.

“¿Se busca facilitar la ruta alternativa propuesta por China? De ser así, sería una decisión difícil de justificar. Estas islas son parte de nuestra soberanía oceánica y su omisión refleja una preocupante disposición a privilegiar intereses externos por sobre los nacionales”, agregó.

Según Kusanovic, Chile ha mostrado apertura al comercio y cooperación con China, “pero precisamente por su peso en nuestra economía, debemos exigir reciprocidad, transparencia y pleno respeto a nuestras normas e instituciones. Ningún proyecto de esta magnitud puede avanzar sin una base política sólida ni al margen del Estado", complementó.

“Lo que parte mal, termina mal. Si China, o cualquier otra potencia, desea invertir en Chile, las puertas están abiertas, pero bajo reglas claras y con absoluto respeto a nuestra soberanía, alianzas históricas e institucionalidad democrática", cerró el parlamentario.

Visión estratégica

En conversación con Infobae, Kusanovic -quien acaba de anunciar un quiebre total con el Partido Republicano y el futuro gobierno de José Antonio Kast-, volvió a la carga, acusó secretismo por parte de la administración de Boric y exigió al gobierno del presidente electo “corregir con urgencia” el Chile–China Express.

“No ha existido una conducción institucional clara ni transparente y dudo que Cancillería haya tenido claro en este tema el interés nacional. Las decisiones se tomaron por impulsos presidenciales, sin lineamientos estables ni defensa coherente de lo que Chile necesita”, fustigó taxativo.

-¿Qué ha sabido al respecto desde julio a la fecha? ¿Avanza el proyecto? ¿Ha oficiado o piensa oficiar a algún ministerio para que se pronuncie sobre este tema? ¿Hay otros parlamentarios además de Ud. preocupados por esto?

-La información es fragmentaria y opaca. No hay certezas sobre el avance real. He exigido explicaciones y existen otros parlamentarios alertas, aunque el gobierno evita dar definiciones públicas. Me imagino que EE.UU. ha manifestado su oposición al proyecto del cable submarino chino.

-¿Cómo se explica que China Mobile, con más de mil millones de clientes, ya haya formalizado una empresa en Chile con un capital inicial de USD 3 millones?

-No se explica de manera inocente. Es una señal clara de posicionamiento estratégico. Se está preparando una alternativa al proyecto Humboldt, pese a que el Estado chileno ya comprometió recursos públicos.

-¿Se enteró de la visita del Tan Suo Yi Hao, buque científico chino que vino a explorar la Fosa de Atacama en convenio con una universidad, el que ha sido catalogado como “barco espía” por analistas internacionales?

-Mas allá de ese buque, preocupa el patrón completo: presencia científica, flotas pesqueras agresivas y vulneración sistemática de nuestra zona económica exclusiva. Eso es un acto hostil que desgasta a la Armada y debilita nuestra soberanía.

-¿Debe el gobierno de Kast tomar cautelas o replantear este proyecto?

-Debe corregirlo con urgencia, y espero que en esto no se desmarque del interés nacional. El cable Humboldt debe integrar a Chile insular y proyectarse hacia la Antártica. Excluir Isla de Pascua, Juan Fernández o Magallanes revela una miopía geopolítica inaceptable en un proyecto de esta magnitud. Aquí no se necesita contabilidad chica, sino visión estratégica de Estado.

Sesión secreta en la Cámara de Diputados

En la misma línea, el diputado republicano Hotuiti Teao, confirmó a Infobae que “hemos solicitado que al retorno del receso legislativo (2 de marzo), la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para revisar los antecedentes del proyecto de cable submarino que conectaría Chile con Hong Kong”.

“Dada la naturaleza estratégica de esta iniciativa, dicha instancia debe contar con la presencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objetivo de acceder a información completa sobre su diseño, alcances y resguardos”, señaló Teao, quien también integra la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara.

“Este proyecto se vincula directamente con infraestructura crítica de telecomunicaciones y con decisiones que inciden en la proyección digital del país. Además, según los antecedentes disponibles, no incorporaría territorios estratégicos como Rapa Nui (Isla de Pascua) y el Archipiélago Juan Fernández, lo que hace necesario revisar los criterios de integración territorial considerados en su formulación”, agregó el oriundo de Rapa Nui en su comunicado.

Para Teao, “se trata de un proyecto internacional con participación de un actor extranjero en un ámbito catalogado como sensible por estándares comparados; no se ha dado a conocer públicamente una evaluación específica en materia de seguridad o ciberseguridad; y su punto de conexión en el Puerto de Valparaíso lo relaciona con infraestructura estratégica nacional”.

Así las cosas, “estos factores justifican plenamente que el Congreso ejerza su función fiscalizadora con el nivel de reserva y profundidad que corresponde”, remató el congresista.