
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que podría reducir significativamente la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una pena de 27 años de prisión por golpismo. Si la propuesta obtiene el visto bueno del Senado, Bolsonaro —de 70 años y encarcelado desde finales de noviembre— podría ver su pena reducida a poco más de dos años.
Los diputados brasileños aprobaron la medida con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención. El proyecto, que ahora pasa al Senado, podría beneficiar al ex mandatario y otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
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Según la propuesta, ambas condenas —consideradas de tipificación similar— no podrán acumularse, por lo que solo se aplicaría la pena más grave: la correspondiente al golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, en lugar de sumarse a los hasta ocho años previstos por el otro delito.
Asimismo, se plantea que en los casos en que los crímenes de golpismo fueran perpetrados por una “multitud”, como ocurrió con el asalto a las sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, la pena pueda reducirse hasta dos tercios.
Otra de las principales modificaciones es la progresión de régimen: los condenados podrán pasar del cerrado al semiabierto con mayor rapidez, al haber cumplido al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte en caso de haberse producido violencia.
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El ponente del texto, el diputado Paulo Pereira da Silva, indicó que con este cambio Jair Bolsonaro podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años. Entre los posibles beneficiarios de la reforma figuran altos mandos militares y ex ministros condenados por respaldar la intentona golpista tras la derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante el debate, Pereira defendió la iniciativa como un gesto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” en las penas impuestas por el Supremo, aunque aclaró que no implica “evitar la responsabilización”.
Desde la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias criticó duramente la medida, señalando: “Esta cámara está abrazando el golpismo”.

En un principio, el Partido Liberal de Bolsonaro buscó una amnistía total que anulara por completo la condena, pero la mayoría de los partidos, incluidos sectores de derecha, se opusieron. Finalmente, los diputados ultras aceptaron una versión menos ambiciosa. Sóstenes Cavalcante, líder de los diputados más radicales, admitió que “era el texto posible” y que Bolsonaro respalda la propuesta.
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El bolsonarismo continúa negando que haya existido un intento real de golpe de Estado, ya que, según su posicionamiento, el Supremo actuó por motivos políticos y califica el asalto del 8 de enero como simple vandalismo.
La sesión estuvo marcada por tensiones, forcejeos y episodios de protesta, incluida la ocupación del sillón de la presidencia por el diputado de izquierda, Glauber Braga, quien tuvo que ser retirado por la fuerza.
En declaraciones previas a su retiro forzoso, Braga afirmó: “Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas”.
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(Con información de EFE)
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