La Justicia boliviana resolvió este miércoles el cese de la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso judicial que enfrenta por su papel en el paro de 36 días realizado entre octubre y noviembre de 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda. Según la nueva resolución judicial, Camacho deberá cumplir medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, el arraigo y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos (unos 7.250 dólares).
Esta disposición se suma a la resolución dictada el martes, que también le concedió detención domiciliaria con salida laboral y una fianza de 100.000 bolivianos en el llamado caso Golpe de Estado I, vinculado a la crisis política de 2019 que dejó decenas de muertos y provocó la renuncia del presidente Evo Morales. Con ambas decisiones, Camacho podría dejar el penal de Chonchocoro, donde permanece desde diciembre de 2022, en los próximos días.
La audiencia de este miércoles se realizó de forma virtual y generó reacciones inmediatas en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, donde seguidores del gobernador celebraron la medida agitando banderas cruceñas y bolivianas. Según allegados a la autoridad departamental, se prevé que Camacho retorne a Santa Cruz el próximo viernes, una vez concluidos los trámites judiciales.
El hijo del gobernador, Luis Fernando Camacho Parada, informó a través de EL DEBER Radio que su familia viajará a La Paz para acompañar el proceso de traslado y que el gobernador podría retomar funciones en la Gobernación “promediando el mediodía y la tarde” del viernes.
El abogado defensor del gobernador manifestó que la autoridad judicial solicitó la documentación que acredite los horarios laborales de Camacho para definir posibles salidas de su residencia por motivos de trabajo. “De manera objetiva, imparcial, ha obrado en justicia y ha ordenado la cesación a la detención preventiva sustituyéndola con otras medidas menos gravosas”, expuso el representante legal.
En paralelo, la decisión judicial ha sido interpretada como un giro en los casos de alto perfil político en Bolivia, tras las elecciones del 17 de agosto, donde la oposición de derecha se perfila para regresar al poder tras casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El proceso de revisión de las detenciones preventivas fue impulsado desde la Corte Suprema, que la semana pasada ordenó evaluar la legalidad de estos encarcelamientos, incluyendo los de Camacho, la ex presidenta Jeanine Áñez y el ex líder cívico Marco Antonio Pumari.
El líder opositor y ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga celebró en redes sociales estas medidas. “La justicia no puede ser instrumento de venganza”, afirmó tras la liberación también de Pumari este miércoles. La audiencia de Camacho fue acompañada por manifestaciones tanto de apoyo como de repudio en La Paz, donde grupos reclamaron justicia para las víctimas de la crisis de 2019 y exigieron imparcialidad en los fallos judiciales.
Camacho fue arrestado en diciembre de 2022 tras encabezar una huelga de 36 días en Santa Cruz que paralizó la región más poblada y económicamente activa de Bolivia, y que motivó cargos por asociación delictuosa y uso indebido de bienes públicos. Anteriormente, su papel en la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019 lo colocó en el centro del debate político nacional.
El proceso judicial en contra del gobernador de Santa Cruz continuará, ya que la detención domiciliaria no supone una absolución, y los juicios en su contra no tienen fechas definidas, según su defensa. El futuro inmediato de Camacho prevé su reencuentro con la familia y el regreso a la Gobernación a la espera de nuevas resoluciones judiciales.
(Con información de AP)
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