El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó 63 de los 400 artículos de una ley aprobada por el Congreso que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para proyectos de infraestructura. El texto, promulgado con modificaciones, permite que el Legislativo revierta los vetos si alcanza mayoría absoluta.
La Presidencia informó que los recortes buscan garantizar la “protección ambiental” y la “seguridad jurídica”. Según el documento oficial, entre los puntos excluidos figura una disposición que autorizaba el inicio de obras con una simple declaración de las empresas sobre su impacto ambiental, sin requerir autorización previa de las autoridades competentes.
Otro artículo vetado eliminaba restricciones a las consultas previas a comunidades indígenas potencialmente afectadas por proyectos. También quedó fuera una medida que reducía la protección del bosque atlántico, un bioma considerado en estado crítico por el propio gobierno. La Agencia Brasil destacó que la argumentación presidencial incluyó el riesgo de daños irreversibles a áreas que ya sufren deforestación y degradación severa.
La ley, conocida como Proyecto de Ley de Licencias Ambientales, divide a los sectores políticos y económicos del país. El Ministerio de Medio Ambiente expresó desde el inicio que el texto aprobado por el Congreso contenía “excesivas concesiones” a empresas, con el riesgo de debilitar los mecanismos de control. Organizaciones ecologistas nacionales e internacionales también advirtieron que la reducción de requisitos afectaría la capacidad de prevenir daños ambientales y proteger comunidades vulnerables.
El sector agrícola y parte de la industria de la construcción respaldaron la versión original de la norma, al considerar que agiliza inversiones y reduce lo que describen como “burocracia” en los procesos de licenciamiento. Representantes de gremios empresariales argumentan que los plazos actuales para obtener permisos frenan proyectos estratégicos en transporte, energía y logística.
El Congreso aprobó el texto en un contexto de presión de legisladores vinculados a la bancada ruralista, que reclamaban un marco legal “más eficiente” para obras y emprendimientos privados. Sin embargo, la exclusión de la obligación de estudios previos detallados sobre impacto ambiental generó objeciones de expertos. Juristas y académicos señalaron que la medida podría vulnerar compromisos asumidos por Brasil en acuerdos internacionales sobre protección ambiental.
El veto presidencial reabre el debate legislativo. La Constitución permite que ambas cámaras del Congreso derriben vetos con mayoría absoluta de sus miembros. Si esto ocurre, las disposiciones originalmente rechazadas por el Ejecutivo se incorporarán al texto final y entrarán en vigor.
El bosque atlántico, una de las regiones aludidas en los vetos, conserva menos del 12% de su cobertura vegetal original, según datos de institutos de investigación brasileños. La reducción de su protección, afirman especialistas, podría agravar la pérdida de biodiversidad y el impacto en el ciclo hídrico de la región.
El Ministerio de Medio Ambiente señaló que el modelo de licenciamiento ambiental vigente requiere ajustes, pero advirtió que estos deben preservar mecanismos de evaluación y participación social. En un comunicado, destacó que la política ambiental debe “combinar desarrollo económico y preservación de los recursos naturales” en un marco de seguridad jurídica.
(Con información de Europa Press)
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