La Policía Federal de Brasil acusó este martes al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a otros miembros de su Gobierno de haber utilizado la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para realizar espionaje ilegal sobre figuras públicas, según anticiparon la agencia de noticias EFE y medios locales.
Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, conocida como “Abin paralela”, y remitieron el informe correspondiente a la Corte Suprema, que deberá decidir si envía el expediente a la Fiscalía para que analice una posible denuncia o solicite nuevas diligencias.
De acuerdo con estas informaciones, la investigación identificó que policías y funcionarios de la agencia nacional constituyeron una organización criminal dedicada al monitoreo de periodistas, integrantes del sistema judicial y políticos opositores, mediante la invasión de teléfonos móviles y computadoras.
Además del ex presidente, a quien, según G1, “sabía y se beneficiaba del esquema”, figuran entre los más de 30 acusados el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, y uno de los hijos del ex mandatario, el concejal por Río de Janeiro Carlos Bolsonaro.
Según las fuentes, Carlos Bolsonaro manejaba la información obtenida con el propósito de atacar públicamente a los implicados en el espionaje.
En marzo, una investigación de UOL reveló que la agencia de inteligencia había sido usada para invadir sistemas del Gobierno de Paraguay y acceder a información confidencial referente a tarifas de la central hidroeléctrica binacional Itaipú.
El Gobierno brasileño reconoció la existencia de la operación, pero responsabilizó de su implementación a la administración de Bolsonaro y aseguró que fue cancelada “tan pronto” como la nueva dirección de la Abin “se enteró del hecho”, en marzo de 2023, tres meses después del inicio del mandato de Lula.
El ex mandatario enfrenta también un juicio en la Corte Suprema bajo la acusación de “haber liderado” una trama con el fin de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro y a su círculo cercano de conspirar para instaurar medidas de excepción, entre ellas un estado de sitio, con el objetivo de anular el resultado electoral e impedir la investidura de Lula, que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023.
Por estos hechos, Bolsonaro y el resto de los acusados podrían enfrentar penas de entre 12 y 40 años de prisión.
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